Bajo el título "El derecho a la verdad sigue siendo simbólico", el rotativo alemán Neues Deutschland ha publicado una entrevista con el abogado e historiador catalán Josep Cruanyes donde habla del borrador de ley de memoria democrática recientemente presentado por el Gobierno. Durante la entrevista, Cruanyes explica cómo, a diferencia del estado español, Alemania pagó una pensión a Carme Ballester durante los últimos años de su vida, en compensación por haber entregado a su marido, el president Lluís Companys, a las autoridades españolas que lo asesinaron. Precisamente, Companys fue detenido por las fuerzas alemanas un 13 de agosto como el de hoy en 1940.

Ninguna indemnización

Preguntado por la nueva ley de memoria democrática y por la ilegitimidad de los tribunales franquistas, Cruanyes responde que "no eran ilegítimos, eran ilegales. Pero Madrid sigue negándose a reconocerlo, motivo por el cual no se anulan sentencias injustas". Si el borrador del Gobierno sale adelante, Cruanyes alerta de que los afectados por el franquismo "solo recibirían un documento gubernamental con reconocimiento personal. Realmente, eso no quiere decir nada", advierte.

A causa de esta negativa permanente por parte del Estado, los afectados no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización, aunque los familiares de las víctimas no la suelen querer, matiza Cruanyes. Para ilustrar su argumento, el historiador compara el estado español con el alemán: "Carme Ballester, viuda del president catalán Lluís Companys, asesinado en 1940, recibió una pensión de Alemania en los últimos años de su vida porque la Gestapo había extraditado a Companys a España. Nunca obtuvo nada de España. En el Parlament catalán, sin embargo, en 2017 se aprobó una ley que aclara que los tribunales de la época franquista se constituyeron ilegalmente".

La detención de Companys

Tal día como hoy del año 1940, hace 81 años, en Ar Baol-Skoubleg (Bretaña-Francia) y en el contexto de la II Guerra Mundial (1939-1945) y de la ocupación alemana de Francia (1940-1944), efectivos de la Wehmacht (el ejército alemán), de la Gestapo (la policía política del régimen nazi) y del SIMP (la policía política del régimen franquista español) detenían al president Lluís Companys, que estaba exiliado desde febrero de 1939. En aquella operación tendría un papel relevante el policía franquista Pedro Urraca Rendueles, adscrito a la embajada española en París. Desde la localización hasta la extradición, pasando por la detención y el interrogatorio.

Después de la detención, la Gestapo trasladó al president Companys a la prisión en París. En aquel trayecto de 450 kilómetros en una furgoneta y durante los trece días de reclusión a la penitenciaría lo custodió e interrogó el policía español Pedro Urraca Rendueles, un personaje siniestro que, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, sería condenado a incautación de bienes y a muerte por la justicia francesa (1947), acusado de saquear y asesinar a judíos franceses y republicanos españoles. España no tan sólo no atendería nunca las peticiones de extradición, sino que sería condecorado por el estado español y trabajaría para los servicios secretos del actual régimen constitucional hasta 1982.

 

Foto principal: el president Companys / E.N.

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