“Cuando salió la imputación de Begoña [Gómez], Leire [Díez] le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite [y que] la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente”. Es una de las frases que el empresario Javier Pérez Dolset dijo al fiscal Ignacio Stampa en una reunión que mantuvieron el pasado 7 de mayo y que queda recogida en la denuncia que Stampa presentó a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Es la respuesta que Dolset le dio cuando le preguntó porque habían pedido reunirse con él en ese momento. El documento, al que ha accedido ElNacional.cat, forma parte del sumario de la causa del Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid en la que Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y Javier Pérez Dolset están investigados. Los dos tendrán que declarar delante del juez el próximo 11 de noviembre.
El fiscal Stampa también preguntó “quién conocía e iba a conocer la reunión” y Leire Díez le replicó que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo sabría más adelante y se sentiría más fuerte, y le dijo que se resolverían los litigios que tiene todavía en trámite con el Ministerio de Justicia. “Igualmente, me contestó que lo sabría el jefe del fiscal general, respuesta que dio lugar a que le preguntara si se refería al Ministro de Justicia o al presidente del Gobierno, respondiéndome que ambos”, proseguía relatando Ignacio Stampa. “La reunión concluyó sin que consiguieran ni una sola de las informaciones que equivocadamente esperaban obtener, como tampoco ninguna otra”, remachaba.
Una reunión con Javier Pérez Dolset y Leire Díez: “La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”
Fue el 30 de abril cuando una persona de su confianza trasladó a Ignacio Stampa el interés del Gobierno en contactar con él con el “fin de disculparse” al entender que se le dispensó un “comportamiento injusto” con su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020. Le comunicaron que el encuentro sería con el empresario Javier Pérez Dolset, que era la “persona que actuaba como intermediaria”, y con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que asistiría en nombre del Gobierno. En la denuncia, Ignacio Stampa reconocía su “perplejidad” por las “funciones o cargos” de las personas que acudirían, pero justificaba que accedió a concertar una reunión para “conocer sus verdaderas intenciones”.
“Mis sospechas me llevaron a garantizar, desde antes de su inicio, la constancia documentada del contenido íntegro de dicha reunión, sospechas que se fueron confirmando y ampliando cuando a la cita programada no acudió el señor Cerdán, sino una mujer que se presentó con el nombre de Leire”, relataba. Era Leire Díez, que le aseguró que era un encuentro en la “más estricta confidencialidad” y que ella era la persona que “ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”. “¿Detrás de qué?”, le preguntó el fiscal. Y ella aclaró que se refería a las “irregularidades en informes policiales y de los fiscales Anticorrupción”. “Desde el inicio también tuve la sensación de que al menos el señor Pérez Dolset grababa el encuentro, lo que ahondó en mi creencia de que la intención de los interlocutores gubernamentales podía no ser la que se me había anunciado, e incluso constituir alguna infracción penal, motivo por el cual traté de conocer el verdadero objetivo de la cita”, que se alargó tres horas, recordaba Stampa. Y apuntaba que quisieron que él se sintiera “parte de un grupo de víctimas”.
“Si bien no se me propuso realizar ninguna actuación de naturaleza de forma directa, sí se me preguntó en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades que yo pudiera conocer de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas”, recordaba. Eran los fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el juez Manuel García-Castellón. Sobre el fiscal Grinda, pretendían sacarle “información o algún comentario que le desprestigiara” hablándole de sus intervenciones procesales y, con “especial saña y mal gusto”, de “otras supuestas y sórdidas actuaciones personales”. ElNacional.cat reveló hace un año que Grinda, que estaba investigado por pedofilia, fue protegido para acusar a Convergència.
“Me llamó [Leire Díez] para comunicarme que se resolverían muy pronto mis contenciosos con la administración”
Posteriormente, el 22 de mayo el fiscal Stampa recibió un mensaje de WhatsApp de Leire Díez, que “solicitó mantener una conversación telefónica” con él. “Me llamó horas después para comunicarme que ya había hecho gestiones y que se resolverían muy pronto mis contenciosos con la administración, lo cual agradecí por mera cortesía, recordando al tiempo que seguía sin saber el objetivo de la reunión y su contacto, así como que yo no les había solicitado nada y que todo lo que desde el Gobierno se quisiera terminar, como parte demandada, no lo sería por ellos mismos, sino en cumplimiento de resoluciones judiciales, tras haber obtenido yo previamente la satisfacción de mis pretensiones ante los tribunales”, señalaba.
“Lo más sorprendente fue que, seguidamente, me informó de que se iban a tomar todas las medidas necesarias para que las cosas fueran mejor, de manera que yo volviera a asumir el despacho del caso Tándem”, añadía. “Le pregunté si ella hablaba conmigo porque alguien más quería que eso fuese así, a lo que me contestó que ‘siempre es así’”, señalaba. “A semejante propuesta (de todo punto absurda) contesté no solo dándole largas, sino indicando que ni mi interés era volver a dicho trabajo, ni lo veía posible”, apostillaba.
La Fiscalía de Madrid cree que Leire Díez lideraba una actuación “coordinada” para “anular” investigaciones de la UCO y Anticorrupción
Otro escrito incluido en el sumario de la causa es un recurso de reforma que presentó la Fiscalía Provincial de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara la decisión de no investigar las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. Considera que Leire Díez lideraba una “actuación delictiva, continuada y coordinada”, junto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, con el objetivo de “desacreditar” a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción para “malbaratar o anular” sus investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”. “Los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones”, remachaba.
El fiscal Juan Pablo Nieto argumentó que era necesario investigar los hechos “conjuntamente” porque el “patrón de actuación” es “exactamente el mismo” en las reuniones mantenidas con Stampa, Grinda y el empresario Alejandro Hamlyn: “Recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales”. La Fiscalía también recalcaba la “singularidad” de que estas “presuntas ofertas de soborno” tenían como “fuerza principal” la “supuesta apariencia” que consiguió crear Leire Díaz de que ella hablaba en “nombre de altas instancias del Estado”.