Crispación y choque de criterios de investigación y fiscales. Es lo que se ha vivido este martes en el juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional, en que dos peritos de la Agencia Tributaria han asegurado con rotundidad que los negocios millonarios de Jordi Pujol Ferrusola, con grandes empresas, como Copisa e Isolux, no serían reales porque “no hay documentación ni contratos” de su trabajo como intermediario “ni tenía capacidad material ni de personal” para llevarla a cabo. Por el contrario, peritos contratados por la defensa de Josep Cornadó, exdirectivo de Copisa, y que son inspectores de Hacienda en excedencia, han manifestado que este trabajo de intermediario es “una práctica habitual” en ciertos sectores, como el inmobiliario, y que no es necesaria una infraestructura porque “lo que es importante es su agenda y poner en contacto a empresarios”. Han añadido que suelen ser acuerdos “verbales”, y que se suelen cobrar entre el 2 y el 4 % del total de la operación, y el hijo mayor de Pujol cobró entre el 1,5 y el 3%.
En la vista, también se ha vivido un choque dialéctico entre el inspector de Hacienda, con el número identificativo 26.695, y el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, el penalista Cristóbal Martell. El funcionario se ha molestado cuando Martell le ha expuesto que su informe, en parte, es contradictorio con las resoluciones de la delegación de la Inspección de Hacienda de Catalunya sobre la legalidad de los negocios de Pujol Junior. El funcionario también ha contestado de forma crispada a otros abogados defensores que le requerían saber si en su informe de 2020 había incorporado información dada por los acusados y testigos, y “no solo las tesis acusatorias de la UDEF”. “Hacía lo que me decía el juez instructor”, ha contestado, cuando le han requerido cuál era el criterio para analizar facturas, y ha respondido que el juez le dijo “solo las constructoras”.
Intervención del presidente del tribunal
“Usted se siente agredido como profesional… Pero, nos tenemos que tranquilizar un poco; cada uno está cumpliendo la labor que corresponde, no tiene usted que presuponer, espere que le hagan la pregunta”, le ha requerido el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, al funcionario. El magistrado se ha mostrado muy conciliador con las partes, pero un poco quisquilloso con la única abogada del juicio, Ana Bernaola, defensora de Alejandro Guerrero Kandler y muy meticulosa con los interrogatorios. De Prada ya ha tenido que apagar varios incendios del equipo policial, sobre todo cuando el instructor de la UDEF confesó que “sentía animadversión” por los Pujol y sus abogados.
El magistrado presidente ha vuelto a pedir al funcionario que se “tranquilizara” cuando Carles Monguilod, defensor de Gustavo Buesa, le ha reclamado si pidió información complementaria para hacer sus conclusiones y que contradicen que fueran actuaciones simuladas, como sostiene la unidad policial investigadora, la UDEF.
Blanqueo de capitales
En esta sesión, muy técnica, el fiscal anticorrupción y los dos abogados del Estado han pedido a los dos peritos de Hacienda que desarrollaran las dudas de las facturas del hijo mayor de Pujol y desde el año 2004, que —han indicado— está prescrito en el ámbito tributario y penal, “pero no para el delito de blanqueo de capitales”.
La Fiscalía atribuye el delito de blanqueo de capitales al president Jordi Pujol, para quien pide un total de 9 años de prisión (cinco años por blanqueo y cuatro años por asociación ilícita) por el dinero que la familia tenía en Andorra sin declarar a Hacienda, al asegurar que es el cobro de comisiones de empresarios. El fiscal Fernando Bermejo también acusa a los siete hijos del president Pujol y a los 9 empresarios que son juzgados. La defensa insiste en que es dinero de la herencia que les entregó el abuelo Florenci.
Facturas en tres sociedades
La sesión se ha centrado en facturas “sospechosas” de las sociedades Iniciatives Màrketing e Inversionas, Project Marketing e Inter Rosario Port, que constan como titulares Jordi Pujol Ferrusola (se enfrenta a 29 años de prisión) y su exmujer, Mercè Gironès, que también es juzgada y la Fiscalía le pide 15 años de prisión. Las sociedades actuaban con “unidad de caja” y “se sacaba dinero de donde lo había”, han asegurado los funcionarios de Hacienda, y han añadido que como “no se justificaba el origen del dinero” se imputaba al hijo mayor de Pujol como “patrimonio no justificado”. Es decir, para Hacienda el primogénito de Pujol debería haber pagado más impuestos, y por eso se le imputan cinco delitos fiscales entre los años 2007 y 2012. De las irregularidades detectadas, los peritos han indicado que a veces no había facturas” o “reciclaje de facturas por el mismo objeto”, y en ciertos casos algunos compradores no sabían quién era Jordi Pujol Ferrusola: “El intermediario debe poner en contacto a ambos: comprador y vendedor”, ha manifestado uno de los peritos públicos.
Una de las operaciones cuestionadas es la venta de unos solares de un campo de golf en Ronda. El perito crispado ha asegurado que Copisa ya tenía el 20 % del negocio del campo de golf, y que, por lo tanto, en su opinión, no era necesaria la intermediación de Jordi Pujol para comprar el total de la sociedad. También se cuestionan las gestiones del primogénito de Pujol en una refinería de Cartagena o negocios de Isolux en Gabón.
“¿Qué reproche hay en la unidad de caja empresarial?”, le ha requerido el abogado de Pujol Júnior al inspector, y este ha contestado que todas las operaciones eran “simuladas”. Sin más. La sesión continúa este miércoles con el interrogatorio de estos inspectores y de los peritos defensores por otras empresas y negocios.