Hace sólo una semana la denuncia del músico Quimi Portet de ser víctima de un caso de discriminación lingüística reabrió el debate sobre la discriminación del catalán pese a ser una lengua oficial. Ayer, aparecieron dos nuevos casos, uno en el CAP de Drassanes y uno en la playa de la Fosca. Dejando de lado estos casos, es difícil no sentirse un impertinente si, ante un interlocutor castellanohablante, uno insiste en usar el catalán o en exigir una respuesta en catalán en caso de que el interlocutor sea la administración.

Eso se explica por el concepto de "nosotros" en un contexto social donde el catalán sigue siendo la lengua sometida, argumenta Bernat Gasull. Gasull es técnico de la Plataforma per la Llengua y se ha especializado en el ámbito del consumo, la empresa y la administración.

La Plataforma tiene como uno de los objetivos fundacionales la protección del catalán y la denuncia de aquellas situaciones que vulneran los derechos lingüísticos de los catalanohablantes.

Conscientes de las dudas que generan los casos de discriminación que se viven de forma personal, la ONG del catalán ha publicado una guía donde se dan pautas para gestionar estos casos.

Por ejemplo, cómo actuar si nuestro interlocutor es castellanohablante o saber si nos podemos dirigir en catalán a un funcionario del Estado como, por ejemplo, un policía que trabaja en Catalunya. "La guía es una ayuda para los que quieren vivir el catalán con normalidad. Para saber qué dice la ley y qué derechos tenemos", apunta Gasull. 

Cuatro denuncias semanales

Actualmente reciben cuatro denuncias de media a la semana. Gasull asegura que en los últimos años han aumentado el número de denuncias recibidas y apunta dos posibles causas: o bien que aumenta la sensibilización entre la población o bien que los funcionarios del Estado son "más agresivos" y que, por lo tanto, se dan más casos de vulneración de los derechos lingüísticos.

Es por todo eso que desde la Plataforma insisten en la importancia de denunciar todos los casos. De hecho, han aumentado el número de quejas a administraciones de titularidad autonómica en Catalunya. Eso demostraría que "la ciudadanía percibe muchos déficits en una administración que oye que es la que más los tendría que proteger".

La entidad cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico con una letrada que también actúa de oficio en los casos que se denuncian en los medios de comunicación. 

El ICS e Interior, campeones en denuncias

La Plataforma publica cada año un informe de quejas lingüísticas. El del 2015 deja 426; 120 afectan a la administración. Una cifra que representa el doble que el año anterior.

En este caso, buena parte de las quejas están relacionadas con deficiencias en la atención oral o escrita (33,6% del total) seguidas de las que denuncian discriminaciones explícitas y hostilidades (14,6%). El informe concluye que el Institut Català de la Salut (ICS) y el Ministerio del Interior, especialmente por las quejas que recibe por la actuación de las fuerzas de seguridad, son las dos administraciones que generan más denuncias.

Por otra parte, la entidad también señala que se dan casos de agresiones graves (violencia física o vejaciones) y que, entre el 2007 y en el 2015, se han contabilizado unas 90. 

El compromiso de la Administración

El hecho de recibir quejas en que la administración central deniega la atención a ciudadanos que se expresan en catalán no sólo demuestra un problema de intolerancia de esta administración. También evidencia un problema de poca capacitación lingüística del personal de las administraciones de titularidad estatal.

Sea como sea, Gasull insiste en que los catalanohablantes no disfrutamos de los mismos derechos que los hablantes de otras lenguas oficiales, empezando por el castellano: "Tenemos una legislación que instaura derechos inferiores". Por eso, desde la Plataforma reclaman que la administración sea más dura y que cumpla la ley. 

"Se han dado casos en que el denunciado es un agente de los cuerpos de seguridad del Estado y la víctima ha acabado siendo la perjudicada", ha denunciado. Este es un caso extremo, pero no cumpliendo la legislación se avala la discriminación de la lengua y actos de xenofobia por hablar en catalán.

 

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