La rebelión de los jueces del Tribunal Supremo ante la ley de amnistía y su obstinación en desoír la literalidad de la norma del olvido penal hace días que levanta críticas por parte del independentismo. La negativa de Pablo Llarena y Manuel Marchena de amnistiar a los líderes del 1 de octubre es la gran asignatura pendiente desde que la ley entró en vigor el pasado 11 de junio. Han pasado casi tres meses y los jueces del Supremo han buscado todas las vías y las maniobras posibles para imposibilitar, de momento, la exoneración de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers y evitar el retorno en libertad del presidente al exilio. “Insultante”, “gravísimo” y “vergüenza” que “La Toga Nostra” intente “torpedear” y “burlarse” de la ley: el independentismo ha cargado con fuerza contra los magistrados que esquivan el texto plasmado negro sobre blanco en el BOE y la voluntad del legislador. Desde el Gobierno, son más prudentes, pero también suben la voz contra el Alto Tribunal. Críticas por diferentes frentes y una misma respuesta unívoca y sin fisuras por parte de la cúpula judicial: hacer como si lloviera.

“Evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación”

“Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre como tienen que interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”, afirmó el jueves la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perelló reconoció que, en una sociedad “libre, abierta y plural”, los jueces no tienen que ser “inmunes a la crítica”, aseguró que la “discrepancia” es “inherente al debate jurídico” y esgrimió que las “posibles irregularidades” de los magistrados tienen los “mecanismos de corrección propios” a través de las “vías de impugnación” previstas a las leyes. Ahora bien, acto seguido pidió “evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación” de la Justicia y adujo que “críticas y discrepancias no tienen nada que ver con la descalificación o el insulto”. En su primera intervención pública, Isabel Perelló quiso alejar a los jueces del foco mediático y político y los revistió de una coraza protectora.

Para Isabel Perelló, uno de los “grandes retos” del nuevo CGPJ es “defender la independencia judicial, piedra angular del Estado de Derecho”. “Solo aquellos estados en que la división de poderes está garantizada son realmente estados de derecho, de aquí viene la importancia de salvaguardar la independencia judicial ante posibles injerencias externas”, afirmó durante la Apertura del Año Judicial presidida por el rey Felipe VI. Y dejó claro su “apoyo” a los jueces españoles: “Podéis contar con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, podemos sentirnos orgullosos por la tarea que ejercéis cada día con vocación y entrega”.

 

Las palabras de Perelló no distaban mucho, para no decir nada, de las que ha ido pronunciado en los últimos meses el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. “No se puede convertir a los jueces en los malos”, aseguró en febrero. Guilarte defendió que los magistrados de las causas del procés “siempre han actuado con la más absoluta legalidad” y se deshizo en elogios hacia Manuel Marchena: “El Estado se puso en sus manos y respondió con una fidelidad al principio de legalidad que tenemos que seguir haciendo valer porque a veces se olvida. Nadie como él actuó al servicio público de la Justicia”. Pero si por algo ha destacado Vicente Guilarte en los últimos meses ha sido por reprobar las críticas de diputados, especialmente de Míriam Nogueras, hacia los jueces españoles: “Que nos dejen en paz” y “Por favor, rebajen la tensión”, sostuvo hace meses. Y la nueva etapa en el CGPJ no ha supuesto ningún cambio en este sentido. “Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas para respetar el trabajo de los jueces”, afirmó Isabel Perelló el jueves. Cambiar para que nada cambie.

“Es ridículo pensar que se está demorando para dilatar la posibilidad de ir al TC”

El Tribunal Supremo también se defiende de todas las críticas ha ido recibiendo las últimas semanas. Todas entran por una oreja y salen por la otra. O casi todas. Fuentes del Alto Tribunal reconocen que “sabe mal” que Junts amenace con una querella contra Pablo Llarena por no amnistiar a Puigdemont: alegan que el razonamiento “no es correcto”. Justo esta semana Jordi Turull ha vuelto a condicionar el apoyo de Junts al Gobierno a que la Fiscalía se querelle contra el Supremo por la no aplicación de la amnistía: “El PSOE podría ser más activo contra los jueces que pueden prevaricar sabiendo que debe aplicarse la amnistía y no la han aplicado”, aseguró el secretario general de Junts en TV3. “La Fiscalía tiene que actuar”, reclamó.

Asimismo, las mismas voces del Supremo sostienen que acusar a Llarena de estar paralizando el recurso de reforma de Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía es una “infamia”. “Es ridículo pensar que se está retrasando para dilatar la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, no hay ningún retraso”, concluyen las mismas fuentes. Otras fuentes del Supremo defienden que la providencia de Llarena manteniendo la orden de detención contra Puigdemont “no se una interpretación”, sino la estricta aplicación de la ley. Y discrepan de que el magistrado se haya extralimitado, tal como afirmó el ministro Óscar Puente hace un mes. “Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla”, sostuvo Puente en una entrevista en Las Mañanas de RNE. “No hay por dónde agarrar su interpretación”, añadió. Y defendió que la norma del olvido penal tiene un “tenor literal muy claro”. La respuesta de Llarena llegará la semana que viene o la otra en la providencia en la que resuelva el recurso de Puigdemont. Fuentes del Supremo indican que la utilizará para defenderse y justificar su postura.

El independentismo carga contra los jueces del Supremo

La realidad es que los jueces del Supremo viven ajenos a todas a las críticas que ha planteado el independentismo desde hace semanas ante las maniobras de la cúpula judicial para torpedear los efectos de la amnistía e impedir que cubra a los líderes del procés. Las decisiones para excluirlos del perímetro de la norma contraviniendo su literalidad han provocado un puñado de reacciones. Y, como ha quedado claro, han tenido un efecto nulo sobre la actuación de los magistrados.

La reacción inmediata de Carles Puigdemont después de conocerse la decisión de que Pablo Llarena lo dejaba fuera de la amnistía fue un tuit con tres palabras: “La Toga Nostra”, evocando la forma como se conoce por todo el mundo la mafia siciliana, la Cosa Nostra. Y es una expresión que ha arraigado en el diccionario de Junts per Catalunya. “La Toga Nostra tiene la diana fijada en nosotros, los independentistas”, afirmó Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados, desde donde también reclamó al PSOE “mecanismos de protección contra marchenas y llarenas”. Dos semanas más tarde, lamentó que el estado español permaneciera “impasible” ante un “golpe de estado híbrido” protagonizado por jueces del Supremo que, como “vulgares títeres”, han “obedecido las instrucciones” de Aznar “gritando a la rebelión contra la democracia” (“quien pueda hacer que haga”, dijo en noviembre) y han decidido “rebelarse” contra el Congreso de los Diputados y “mofarse” de la ley.

Por su parte, Eduard Pujol catalogó a Pablo Llarena de “Tejero sin bigote” y lamentó que, ante la “prevaricación judicial del Supremo”, la Moncloa “permita que no se aplique una ley legal y vigente”. “El Gobierno es cobarde y el estado, tramposo”, añadió. Y desde el Parlament de Catalunya, durante el debate de investidura de Salvador Illa, Albert Batet acusó a Llarena de hacer “saltar por los aires los cimientos de la democracia” con una “dictadura de las togas” que “quiere aplastar la democracia con el beneplácito incomprensible de los grupos políticos pretendidamente progresistas”. “Algunos jueces se niegan a aplicar la ley de amnistía, mientras el Gobierno se muestra pasivo e indolente”, concluyó.

Esquerra Republicana también ha subido la voz contra el Tribunal Supremo. Después de que el Alto Tribunal cerrara la puerta a amnistiar a los líderes del procés, la entonces portavoz del Govern, Patrícia Plaja, denunció que el Supremo “retorcía” la ley de amnistía y reprobó que hubiera magistrados que menosprecien el Congreso de forma “desacomplejada” e intenten “aleccionar el poder legislativo”. “Se sabía que algunos jueces intentarían obstaculizar la amnistía, pero no deja de ser vergonzoso”, rubricó. En la misma línea, la portavoz de ERC, Raquel Sans, reconoció que las decisiones del Supremo no eran “ninguna sorpresa”, pero aseguró que los jueces tendrán que acabar aplicando la ley aunque la intenten “torpedear”. La vicesecretaria general de Drets, Libertades y Lucha Anti-Represiva de ERC, Marta Vilaret, consideró “insultante y gravísimo” que el Supremo intentara “derogar” una norma vigente y lo acusó de “inventarse la forma de aplicarla” con “resoluciones surrealistas”. “Hoy, y es una vergüenza, no hay garantías que respeten la libertad y la integridad que la ley de amnistía otorga al president Puigdemont”, sostuvo Josep Maria Jové durante el debate de investidura de Illa.

La Moncloa se lava las manos y apela al TC

Las declaraciones de Óscar Puente son las más contundentes que han salido del Consejo de Ministros sobre este tema. Y es que la tónica en la Moncloa ha sido recetar prudencia y no entrar en el barro de las críticas al Poder Judicial. “Tanto el Gobierno como el Congreso han hecho su trabajo en relación con la ley de amnistía, y ahora toca aplicarla”, esgrimió el martes Pilar Alegría. La semana pasada, Félix Bolaños se limitó a asegurar que no había “ninguna novedad” con una ley que “está aprobada y se está aplicando por parte de los tribunales”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts recordó que “hay procedimientos judiciales abiertos con recursos presentados por las partes” y pidió esperar que los recursos “tengan su recorrido judicial”. Hace quince días, el mismo Bolaños afianzó la “discrepancia” de la Moncloa con la decisión del Supremo de no amnistiar a Puigdemont, pero la enmarcó en los “argumentos jurídicos” y las “valoración políticas”, que ya fueron recurridas tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado.

De hecho, esta lectura es la que se ha ido repitiendo desde el PSOE desde el principio. Dos días después de la providencia de Llarena, Bolaños ya había verbalizado que no compartía “ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos”, pero había reiterado que “España es un estado de derecho y un sistema garantista”. Al día siguiente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se manifestó casi punto por punto: “respeto” la resolución del Supremo, pero no la “comparto” ni “entiendo”, viendo que los magistrados hacen una “interpretación extensiva” del delito de malversación. El primer pronunciamiento había llegado desde Ferraz: fuentes del PSOE no quisieron entrar a “valorar las consideraciones políticas que ha hecho Supremo, sorprendentes e innecesarias para la tarea jurisdiccional que tiene encomendada” y expresaron la “discrepancia” por la decisión del Alto Tribunal.

En la Moncloa, Pilar Alegría subrayó que “la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la misma ley” y apuntó que lo que tenía que pasar era que “los jueces apliquen la ley”. “Pasan cosas extrañas, si viniéramos de un país lejano y observáramos lo que hace el Poder Judicial, nos sorprenderíamos”, afirmó ese mismo día Yolanda Díaz. Además, desde el primer momento, el ejecutivo español dio por hecho que la cuestión se acabaría resolviendo en el Tribunal Constitucional. “Espero que el TC se pronuncie al respecto”, sostuvo Óscar Puente.

Una de las voces socialistas que ha sido más clara es, seguramente, la del president de la Generalitat. Durante su debate de investidura, Salvador Illa reclamó “respeto por la esfera de decisión del poder legislativo, que ha manifestado de forma clara, explícita e inequívoca su voluntad de normalización plena en Catalunya”. En este escenario, pidió, “desde el respeto a la división de poderes y al poder judicial”, la aplicación “ágil, rápida y sin subterfugios” de la amnistía y verbalizó el compromiso del PSC de “trabajar para hacer posible” el “restablecimiento íntegro de la totalidad del derecho político de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos de Catalunya y de todas las formaciones políticas”. También de Carles Puigdemont. Pero el Supremo continúa yendo a la suya.