Carles Riera, vicepresidente tercero de la Mesa del Parlament en esta legislatura, y los exdiputados Albert Botran y David Fernández, fueron, junto con el exlíder del partido Anna Gabriel, los cargos de la CUP que fueron espiados con el software Pegasus en el marco del Catalangate. Ahora, la formación anticapitalista ha reclamado, a través de un escrito en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que instruye la causa por el espionaje que sufrieron los independentistas, que se desclasifiquen los documentos del CNI que hacen referencia a las intervenciones telefónicas de Riera, Botran y Fernández. Según remarca el partido en un comunicado, esta petición ya se hizo en el momento en que se formuló la querella, en abril de 2022, pocos días después de que estallara el escándalo del Catalangate con una sesentena de independentistas espiados, pero entonces el juez la dejó sin resolver. El partido recuerda en su comunicado que acudieron a la Audiencia Provincial y la Sección Sexta para que se pronunciaran sobre su petición de desclasificación y esta resolvió a su favor, pero hoy el juzgado 32 todavía no ha resuelto.

Los cupaires se muestran "decepcionados" por la falta de colaboración tanto de la justicia como del Gobierno para aclarar los hechos sobre el espionaje a independentistas. Bernat Salellas, exdiputado y abogado de los querellantes de la CUP ha lamentado que "a casi dos años del inicio de las acciones judiciales por Pegasus estamos muy decepcionados de los resultados de la investigación judicial". Salellas insiste en el hecho de que el partido ha tenido que presentar multitud de recursos, pero "los órganos judiciales no están investigando, ni la fiscalía está impulsando la investigación, ni tampoco el gobierno del Estado". Por otra parte, en su comunicado, la CUP se fija que mientras sus peticiones de desclasificación están atascadas, las hechas por los juzgados 20 y 29, que instruyen las causas por el espionaje contra cargos de ERC como la eurodiputada Diana Riba o el presidente del grupo parlamentario Josep Maria Jové y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya se han resuelto.

El Gobierno rectifica y envía los documentos

En el caso del president Aragonès, el pasado 16 de enero el Gobierno autorizó la desclasificación parcial de los documentos. Ayer miércoles se supo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retrasaría la entregada de estos archivos al juez encargado del caso Pegasus. Concretamente, envió un oficio al magistrado en el cual lo informaba de que se habían desclasificado las resoluciones del Tribunal Supremo que dieron permiso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para intervenir el móvil del líder de ERC, pero no las había adjuntado. Este jueves, sin embargo, la situación ha cambiado y el juzgado ha recibido las resoluciones, según ha confirmado el TSJC. La entrega de los documentos se ha producido 24 horas antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare como investigada por el caso por videoconferencia desde Madrid.