La justicia hace balance de la persecución de la corrupción en 2017. En Catalunya, once casos de corrupción acabaron su instrucción el año pasado, con 41 personas enviadas a juicio y dos sentencias condenatorias. Las cifras son parecidas a las recogidas en 2016, aunque sí se aprecia una bajada sustancial en las personas que han tenido que declarar, cifra que ha caído en un año un 21,1%.
Según los datos hechos públicos hoy por el Consejo General del Poder Judicial, los jueces enviaron a juicio a 41 personas, 12 el primer trimestre, seis el segundo y 23 el tercero. Durante el cuarto trimestre se dictaron dos sentencias, una absolutoria y una condenatoria.
Dentro de la lista de personas encausadas se encuentran personas que se han visto implicadas en tramas de corrupción por varios delitos: desde prevaricación de funcionarios públicos, pasando por tráfico de influencias y malversación, en una larga lista que delitos que llegan a la decena.
Los encausados que han declarado en los juzgados catalanes representaron el 10% del total del Estado. Andalucía encabezó con creces el ránking de investigados de juicio por corrupción, con 144 casos, seguido de Canarias (48) y luego Catalunya (41). Baleares y el País Valencià también destacan con 40 y 29 encausados respectivamente.
Menos encausados
Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas. Esto supone una caída de más de un tercio (37,6%) en solo un año en el conjunto del Estado.
En cambio, pese a haber menos encausados, se dictaron más sentencias. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, lo que supone un incremento en relación a 2016, cuando la cifra fue de 104 sentencias. Así pues, hubo más sentenciados aunque menos personas implicadas.