La primera escena de esta secuencia llegó el domingo pasado, a partir de las ocho de la noche. Se conocieron las primeras estimaciones de las presidenciales, que en Francia van a misa: el presidente Emmanuel Macron volvería a enfrentarse a Marine Le Pen. E inmediatamente empezaron a aparecer en público la mayoría de candidatos derrotados para forjar un "frente republicano" contra la extrema derecha. Lo hacía Valérie Pécresse, de la derecha tradicional: "Votaré en conciencia a Emmanuel Macron para impedir la llegada al poder de Marine Le Pen". Se adhirió la socialista Anne Hidalgo: "Les pido seriamente que voten contra la extrema derecha de Marine Le Pen, utilizando la papeleta de Emmanuel Macron". Y, a su manera, también Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda radical, que repitió hasta cinco veces que "ningún voto" tenía que ir "a la señora Le Pen".

La segunda escena de la secuencia, totalmente contrapuesta, llegó en sólo 24 horas, en el otro lado de los Pirineos. En Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco era investido presidente de la Junta con los votos de Vox, que entrará a formar parte del nuevo ejecutivo con la vicepresidencia y tres consejerías, además de la presidencia del parlamento regional. Y asumió las principales líneas maestras de la formación de Santiago Abascal: lucha contra el "adoctrinamiento ideológico", la "violencia intrafamiliar", la sustitución de la ley de memoria histórica o el control de la inmigración. Lo que es posible en Francia no parece factible en España. ¿Por qué?

Hay una diferencia de contextos históricos. En Francia, con una República nacida de la derrota del nazismo, la extrema derecha empezó a coger vida propia a partir de los años setenta, cuando Jean-Marie Le Pen fundó el Frente Nacional a partir del movimiento neofascista marginal Orden Nuevo. En cambio, en España, después de cuarenta años de dictadura nacionalcatólica, esta ultraderecha fue integrada en los partidos de la Transición. No es hasta 2018 que Vox, una escisión del PP, consigue hacerse un lugar en las instituciones.

No es un hecho menor, como señala el historiador Xavier Casals, experto en extrema derecha. Por una parte, señala cómo "la lenta emergencia del Frente Nacional desde el año 1972 hasta hoy ha propiciado que se haya debatido sobre asuntos como el cordón sanitario o el silencio mediático". Al ser un proceso lento, ha habido "espacio para la reflexión". En cambio, contrapone Casals, Vox irrumpe "de repente", no hace ni cuatro años, y lo hace en unas elecciones "singulares", las andaluzas. "El contexto estatal (procés) y el contexto andaluz (gobiernos del PSOE sin cambio) acaban creando un microclima que todavía el PP no ha sabido resolver", sostiene.

También hay una diferencia metodológica: los sistemas políticos son diferentes. En Francia, que es una república presidencialista con un sistema mayoritario de segunda vuelta, los eventuales cordones sanitarios contra la extrema derecha se tienen que hacer a priori, en las urnas. En cambio, en España, que tiene un sistema parlamentario y proporcional, los cordones sanitarios se tienen que establecer a posteriori, una vez los ciudadanos han votado en las urnas.

Aun así, no se han establecido cordones sanitarios. No lo ha hecho el Partido Popular cuando ha necesitado los votos de Vox, ya fuera para gobernar desde dentro o desde fuera. Y no lo ha hecho tampoco el PSOE, que no ha dado apoyo a candidatos del PP para impedir que los ultras tocaran poder. Los mismos socialistas permitieron el acceso de la formación de Santiago Abascal a la Mesa del Congreso de los Diputados, sólo para asegurarse de que tenían la vicepresidencia primera de la cámara baja. Se podría haber evitado, pero se habrían tenido que conformar con la vicepresidencia segunda.

¿Ha funcionado en Francia?

Durante los años ochenta, con la irrupción del Frente Nacional a nivel local, la derecha tradicional francesa también está tentada y se alía en algunas ocasiones con la extrema derecha, rebatiendo como argumento las alianzas entre socialistas y comunistas. No es hasta 1986 que Jacques Chirac plantea la necesidad de un "cordón sanitario", durante la primera cohabitación. Desde entonces, los cordones sanitarios, o "frentes republicanos" como se han bautizado en Francia, se han aplicado en todo tipo de elecciones y, según los expertos, han impedido la elección de candidatos primero del Frente Nacional y después del Reagrupamiento Nacional. Pero es una estrategia que sólo es electoral y que tiene unos límites, cómo demuestra la victoria de Louis Alliot en Perpinyà o la de Robert Ménard en Béziers, las dos mayores ciudades gobernadas por la extrema derecha. Allí no sólo han saltado el obstáculo sino que se han consolidado plenamente.

"Si se quiere impedir que llegue a las instituciones, sí que se puede decir que haya funcionado. Ahora bien, ¿a qué precio?", se preguntar Xavier Casals, que señala cómo esta estrategia erosiona al resto de partidos políticos y beneficia a la extrema derecha, que "puede victimizarse y presentarse como el único portavoz de la oposición", frente al bloque transversal que tiene en frente. "Tiene costes, por descontado. Sin ir más lejos, por primera vez no parece imposible que Le Pen pueda ganar las elecciones...", señala el historiador. Si hace cinco años Macron le sacó 33 puntos a Le Pen, hoy las encuestas sitúan esta distancia entre dos y seis puntos.

La letra pequeña

Es una estratégica que tampoco ha detenido la influencia de la extrema derecha en el debate público, marcando los temas y los términos a través de los medios de comunicación. Y que tampoco ha parado su influencia sobre el resto de actores políticos. Se ha visto en los sucesivos gobiernos francés. El ejecutivo del socialista François Hollande llegó a copiar una medida estrella de Marine Le Pen: la reforma de la Constitución para que a los condenados por terrorismo con doble nacionalidad se les retirara la nacionalidad francesa, aunque hubieran nacido en Francia (finalmente retrocedieron). También el gabinete de Emmanuel Macron ha aprobado una ley "contra el separatismo" (islámico) que ha permitido el cierre de decenas de mezquitas. Una ley que ha sido denunciada por Amnistía Internacional.