El diputado de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Josep Pagès, ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno a raíz de las informaciones publicadas recientemente en que se revela que el ministerio del Interior habría adjudicado un contrato a la multinacional china Huawei. La filial española del gigante chino de las telecomunicaciones habría recibido un contrato valorado en 12,3 millones de euros para gestionar servidores del sistema SITEL, encargado de almacenar las escuchas policiales y judiciales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Desde Junts alertan de que la decisión ministerial sería "especialmente grave" si se confirma que el sistema adjudicado, que según las informaciones en varios medios de comunicación sería el OceanStor 6800 V5, puede estar "sujeto a la legislación china", que "obliga a las empresas del país a colaborar con las autoridades" en cuestiones de seguridad nacional e inteligencia, y ceder información si se les requiere. Este sistema es una línea de servidores de almacenaje de alto rendimiento que sirve de apoyo para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas de seguridad. La adjudicación se tramitó siguiendo los procedimientos públicos establecidos y cumple con las guías de seguridad del Centro Criptológico Nacional.

La formación independentista justifica sus preguntas con estas informaciones y en el hecho que, destacados líderes de los comités de inteligencia de las dos cámaras de los Estados Unidos hayan acusado España de poner en riesgo a sus aliados al "exponer" datos críticos a China. Concretamente, los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado, los republicanos Rick Crawford y Tom Cotton, habrían enviado una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, pidiéndole que revise los acuerdos de compartición de información con el Gobierno para "asegurar que cabe información compartida" con los servicios de inteligencia, defensa y de seguridad españoles "revele secretos de seguridad nacional de los EE.UU. al Partido Comunista Chino".

Desde el año 2020, la administración estadounidense se ha embarcado en un esfuerzo global para restringir el acceso de Huawei a las redes 5G de su país y de los aliados europeos, acusando a la multinacional de mantener estrechos vínculos con el gobernante Partido Comunista y que las diferentes leyes chinas de seguridad nacional, defiende y de desarrollo de las tecnologías de la información, lo obligarían a ceder datos al gobierno y, por lo tanto, al PCX. Estas acusaciones han provocado que múltiples aliados europeos, entre los cuales hay Alemania, Francia, Portugal o el Reino Unido, hayan vetado la presencia de Huawei en sus redes de 5G y en otros servicios críticos para la seguridad nacional durante los últimos años. Por otra parte, el año 2020 la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros excluir a proveedores "de riesgo elevado" del despliegue del 5G, en clara referencia a la empresa china.

En España, las empresas de telecomunicaciones han expulsado a Huawei de sus núcleos para el despliegue de las redes de 5G. Aunque en un primer momento, el año 2019, Telefónica escogió a Huawei para sus núcleos de 5G, las presiones internacionales forzaron un cambio de rumbo. El Gobierno no ha señalado específicamente a Huawei ni a las empresas chinas oficialmente, pero sus políticas públicas, como en los contratos de despliegue de redes de telefonía 5G en el rural, han acelerado la salida de Huawei del mercado español, conjuntamente con las decisiones empresariales.

En este contexto, el diputado de Junts, también ha recuperado una pregunta formulada al Gobierno recientemente sobre la relación del empresario Víctor de Aldama, imputado pel 'fraude de los hidrocarburos', con la Guardia Civil. Lo hace incidiendo en su supuesta colaboración con la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Benemérita para obtener información mediante confidentes de empresas como Huawei, entre otras, actividades por las cuales se condecoró al empresario.

En conclusión, Pagès reclama al Gobierno que confirme la adjudicación del contrato, si existen otros contratos similares con la misma empresa china, si la decisión es compatible con las recomendaciones del Parlamento y de la Unión Europea sobre proveedores de "alto riesgo", cómo se explica la adjudicación a Huawei teniendo en cuenta que las principales empresas españolas de telecomunicaciones han vetado la multinacional de sus redes de 5G, y cuál ha sido el papel de Aldama en este tema.