El Pleno del Tribunal Constitucional sigue dividido en el debate sobre la posible inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo del 2020 a causa del coronavirus. Los magistrados del alto tribunal se reunieron este martes para intentar llegar a un acuerdo, pero la decisión continúa atascada y se prevé que se reanuden las deliberaciones este miércoles para intentar llegar ya a una resolución.

El debate pivota sobre la ponencia de uno de los magistrados, Pablo González-Trevijano, texto en el cual él propone declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario, lo que supondría la suspensión de un millón de multas y, al mismo tiempo, obligaría a los sucesivos ejecutivos estatales a decretar un estado de excepción en vez de uno de alarma cuando se tenga que adoptar una decisión de este tipo, muy vinculada a la restricción de los derechos fundamentales.

Los detalles de la ponencia

El debate surge fruto de un recurso presentado por Vox al Tribunal Constitucional hace más de un año en que el partido de ultraderecha denunciaba que el primer estado de alarma suponía una "flagrante violación" de la Constitución para "utilizar de forma abusiva e injustificada" el estado de alarma. La formación que lidera Santiago Abascal defendía que "cuando se vulneran los derechos de reunión, manifestación y educación, lo que se tiene que hacer es canalizarlo a través del estado de excepción". Hay que recordar, sin embargo, que Vox votó a favor al Congreso de la primera prórroga del estado de alarma.

En su escrito, el ponente Pablo González-Trevijano propone declarar inconstitucionales los artículos 1, 3 y 5 del artículo 7. En estos, se establecía que las personas sólo podrían circular por las vías de uso público para ir al supermercado, a la farmacia, a los centros sanitarios, a trabajar, a cuidar a personas dependientes y a entidades financieras. El confinamiento domiciliario tuvo vigencia desde el 14 de marzo hasta el 4 de mayo de 2020.

La ponencia del magistrado considera que las medidas más restrictivas del decreto de estado de alarma se tendrían que haber decretado a través del estado de excepción, que también se contempla en el artículo 116 de la Constitución. De hecho, el gobierno tiene la prerrogativa de poder aprobar un estado de alarma, de excepción o de sitio, siempre que el Congreso de los Diputados también dé apoyo.

Así pues, el debate se situaría en si el primer estado de alarma supuso una suspensión total de derechos fundamentales o simplemente se trataba de una limitación de estos, y eso sí que permitiría ampararlo a través del instrumento del estado de alarma. Si el TC se inclinara por la primera opción, en parte daría la razón al recurso presentado por Vox.

El Constitucional admitió a trámite el recurso a principios del mes de mayo de 2020 y, durante el mes de junio de este año, los magistrados dispusieron de la ponencia de González-Trevijano. En aquel momento, el debate ya se pospuso.

El diario El País explica que la división es tal que hay un empate entre cinco magistrados (tres progresistas y dos conservadores) que sostienen que hay bastantes con el estado de alarma, mientras que otros cinco son partidarios de articular estas medidas a través de un estado de excepción (los cinco son conservadores). Se desconoce, todavía, el sentido del voto de la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca (fue escogida a petición del PSOE). Si no hubiera acuerdo y se rechazara la ponencia, se tendría que redactar una nueva ponencia y la decisión tardaría todavía más meses.

 

Imagen principal: El Passeig de Gràcia, vacío en pleno estado de alarma el mes de marzo de 2020. Europa Press.

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