Mientras el Congreso de los Diputados debate la pròrroga del estado de alarma, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este miércoles el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los 52 diputados de Vox contra los decretos de estado de alarma aprobados por la pandemia de coronavirus.
El Alto Tribunal, en su resolución, no entra a fondo en el asunto y lo admite a trámite porque cumple con los requisitos básicos de legitimación competencias, jurisdicción y plazos.
En concreto, se revisarán los artículos 7, 9, 10 y 11 del real decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, los reales decretos que aprueban sus sucesivas prórrogas, así como la orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el coronavirus
Los magistrados han dictado una providencia en la que ordenan dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Se trata de un asunto de gran calado jurídico y de amplía repercusión política, toda vez que el recurso a analizar en los próximos meses, cuya ponencia ha correspondido a Fernando Valdés, será contra todo el decreto del estado de alarma en su conjunto.
El Constitucional abre la vía después de que el Supremo dejara claro en una reciente resolución su falta de jurisdicción para abordar una cuestión que es competencia del Tribunal de Garantías.
"Flagrante violación
Con su recurso, Vox quiere que se determine si las acciones del Gobierno constituyen "una flagrante violación" de la Constitución al utilizar de forma "abusiva e injustificada" el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que, si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales, "como ha hecho", debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento.
Entre los derechos supuestamente vulnerados figuran los de reunión, manifestación y educación, según Vox, para quien "el Gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción".