A principios de este 2019 una veintena de miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de varios países y de diferentes grupos parlamentarios, presentaron una moción a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos mostrando su preocupación por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados "por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato, particularmente en España y Turquía".

Este martes 1 de octubre, el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado un primer documento de trabajo que significa el inicio de una investigación para estudiar si se está vulnerando la libertad de expresión de los políticos encarcelados en el estado español y en Turquía. Además, este documento pide que se envíen observadores a Barcelona y a Madrid.

 

Este primer documento que se ha aprobado lo escribe el letón Boris Cilevics, uno de los firmantes de la moción inicial, y se trata de una recopilación de casos que tanto en España como en Turquía han significado vulneraciones de derechos fundamentales. Cilevics pide a la Asamblea del Consejo de Europa que examine desde la perspectiva de los derechos humanos "la situación de los políticos encarcelados por ejercer su libertad de expresión".

En este texto se recuerda que "el propósito principal de la inmunidad parlamentaria radica en la protección fundamental de la institución parlamentaria y en la garantía fundamental de la independencia de los electos".

En el caso español, el letón destaca que las persecuciones penales "tienen como objetivo el presidente y los miembros del antiguo Govern, funcionarios públicos y más 700 alcaldes". Cilevics narra cómo se llegó a la celebración del referéndum y cómo se vivió la posterior aplicación del artículo 155.

El relator del documento cuestiona la acusación de rebelión alegando que no hubo violencia y apuntando que lo pudieron comprobar los diversos observadores internacionales que se desplazaron a Catalunya en motivo del referéndum. Por otra parte, Cilevics sí que hace referencia a la violencia policial.

Cilevics también pone en duda la neutralidad de los tribunales españoles por lo que él considera "un uso injusto de la prisión preventiva". En esta recopilación de casos de vulneraciones de derechos fundamentales, el letón adjunta denuncias como la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que pide la libertad inmediata de los presos independentistas.

En sus conclusiones, el relator se pregunta, entre otras cosas, si "el ejercicio de un derecho constitucional puede constituir un delito castigado con largas penas de prisión como las solicitadas contra los políticos catalanes en España?".

Finalmente, pide "efectuar una visita de información a España (Madrid y Barcelona)" e invita a sus compañeros a presentar más casos de otros estados que se encuentren en una situación similar.

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