El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno para ayudar a las empresas afectadas por la guerra arancelaria de Donald Trump. Pedro Sánchez, que ha tenido que desplazarse hasta la cámara para hacer valer su voto, ha vuelto a salvarse por los pelos: 176 votos a favor y 169 en contra. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN han pulsado el botón del 'Sí' y el PP y Vox han optado por el 'No'. Nuevamente, el voto del todavía diputado José Luis Ábalos ha sido casi decisivo para decantar la balanza ante la abstención de los cuatro parlamentarios de Podemos. Lo que se ha aprobado este jueves es un fragmento del paquete antitasas norteamericanas. El Gobierno tendrá que garantizar —a consecuencia de acuerdos con los independentistas catalanes— que el reparto de las ayudas sea equitativo territorialmente y respete el peso de las exportaciones catalanas, así como los lugares de trabajo de las empresas afectadas.
Este miércoles, ante una votación que ya se preveía ajustadísima, el mismo Pedro Sánchez pidió directamente a Alberto Núñez Feijóo el voto favorable del PP, en el cara a cara en el Congreso de los Diputados que tuvieron los dos en la sesión de control al Gobierno. Pero los populares han optado por el papel de una oposición rocosa, a pesar de haber conseguido que el Ministerio de Economía incluyera algunas de sus propuestas en el decreto ley. Argumentan que no han sido suficientes. Lo que se ha aprobado este jueves, en todo caso, es un fragmento del plan antiaranceles de Sánchez. El decreto crea una línea de avales del ICO de 5.000 millones de euros para las empresas afectadas por las tasas impuestas por la Casa Blanca, incrementa a 700 millones el Fondo para la Internacionalización de la Empresa y moviliza 2.000 millones más para reforzar la cobertura de los riesgos de la internacionalización a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito en la Exportación. El decreto eleva el límite de la cobertura que puede dar esta compañía en 6.000 millones para llegar a los 15.000.
El sí de Junts y ERC
A principios de abril el Gobierno pactó con Junts que el reparto de las ayudas se haga "respetando el equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones a los Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma; con especial atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Catalunya es la autonomía que más exporta a los Estados Unidos. Concretamente, concentra el 25% de todo el Estado. También pactaron articular "mecanismos de participación y seguimiento por parte de las autonomías, orientadas a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de la distribución". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también tendrá que comparecer trimestralmente para rendir cuentas sobre el cumplimiento de este reparto equitativo y aportar un informe que recoja cómo se han territorializado los recursos. El Gobierno, de todos modos, insiste en que no se cortará el grifo a ninguna empresa española con el fin de cumplir con esta exigencia del partido de Carles Puigdemont.
Como de costumbre y a pesar de tener un pacto cerrado desde hace un mes, las miradas han vuelto a estar puestas sobre Junts per Catalunya hasta el último segundo. Porque a primera hora de la mañana se ha celebrado en la cámara baja una reunión entre Carlos Cuerpo y Josep Maria Cruset, el diputado juntaire que se ocupa de la carpeta económica, con el fin de comprobar que el Gobierno se ha afanado en las últimas semanas por hacer cumplir la equitativa territorialización de las ayudas antiaranceles. Pero este mismo parlamentario ha confirmado cuando ha subido a la tribuna que su grupo votaría afirmativamente al decreto; el encuentro matinal ha sido, pues, satisfactorio.
Esquerra Republicana, por su parte, también ha ratificado su 'Sí' cuando ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía para "garantizar la condicionalidad de las posibles futuras ayudas públicas directas a la protección de la ocupación". El pacto entre ERC y el Gobierno es preservar la actividad y la ocupación en sectores estratégicos. Sin embargo, se trata de un acuerdo meramente político, tal como aclaran fuentes republicanas a ElNacional.cat; no hay, al menos de momento, nada en negro sobre blanco. Paralelamente, fuentes del Ministerio de Economía confirman a este periódico que la medida podría introducirse en futuros decretos ley. También en declaraciones en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián ha afirmado que su partido aprobaría el decreto porque este miércoles también llegó a un pacto para que el Gobierno y la Generalitat den apoyo, ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, a las gestiones necesarias para obtener la licencia bancaria del Institut Català de Finances.
La abstención de Podemos
El Gobierno no ha sabido hasta esta semana que el decreto, si nadie se equivocaba pulsando un botón, saldría adelante. Porque Podemos anunció prácticamente a última hora que se abstendría. Amenazaba en votar en contra porque instan a Pedro Sánchez a expropiar los fondos buitre norteamericanos que operan en el Estado español haciendo negocio con la vivienda, así como sus acciones del Ibex-35.