Los grupos parlamentarios de ERC y PSOE han acordado este miércoles que el Gobierno español ejecutará las "gestiones necesarias" para la obtención de la licencia bancaria del Institut Català de Finances (ICF) ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Esta acción se ejercerá en el contexto del proyecto de Ley de Defensa del Cliente Financiero.

En un comunicado, el grupo republicano indica que este paso representa un "avance significativo en la configuración del ICF como verdadero banco público, orientado a dar apoyo directo a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y personas autónomas en Catalunya". Añaden que "es una herramienta clave para facilitar el acceso a financiación, fomentar el desarrollo económico del país y reforzar la soberanía financiera". Argumentan que con esta iniciativa se da respuesta a la existencia de fallos de mercado en la financiación empresarial en los territorios, derivados de problemas de información, que precisamente es uno de los objetivos que persigue el proyecto de Ley de Defensa del Cliente Financiero.

Desde el grupo republicano se señala que esto supone "un primer paso hacia una banca pública catalana completamente desplegada, que pueda realizar todas las actividades comerciales, contrarrestaría un sistema bancario muy concentrado, permitiendo ofrecer condiciones más positivas para los usuarios y serviría para asegurar una buena financiación del sector empresarial catalán y mejorar su resiliencia".

El Banco de España tumbó en marzo de 2022 la petición de licencia bancaria del ICF por motivos técnicos, entre los cuales destacó la falta de un informe favorable de la Comisión Europea sobre ayudas de estado que exige el Banco Central Europeo. El entonces consejero delegado del ICF, Jordi Òliva, mantenía que este organismo es una entidad financiera pública de promoción y, como tal, no le haría falta ficha bancaria. Òliva fue cesado con posterioridad por el nuevo gobierno de Pere Aragonès.

El ICF colabora en la actualidad con la movilización de recursos de la Generalitat para que las empresas catalanas hagan frente al impacto de los aranceles con los que amenaza Donald Trump.

Por otra parte, el ICF anunció recientemente que contratará a 29 personas con el fin de gestionar el incremento de actividad prevista para la financiación en materia de vivienda social, que multiplicará por cinco su presupuesto hasta alcanzar los 600 millones de euros. En cumplimiento a los acuerdos de la junta de gobierno, esta institución pondrá a disposición de promotoras, públicas y privadas, 500 millones de euros en préstamos con condiciones favorables para construir vivienda social de alquiler. También destinará 100 millones más al fondo público de emancipación, al cual los jóvenes pueden acceder para pagar la entrada de su primera vivienda.

El Govern anunció en octubre del año pasado que quiere que se construyan -mayoritariamente con concesiones privadas- hasta 50.000 viviendas sociales hasta el año 2030, y ya anunciaron que una de las facilidades que se concederían son estos préstamos con buenas condiciones para las empresas que se impliquen en este proyecto. La ampliación de presupuesto entra dentro de la prórroga del Govern.