El PP ha confirmado este lunes que votará en contra del decreto ley del gobierno de Pedro Sánchez para contrarrestar la ofensiva arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace unos días los populares confirmaron que no darían apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno, pero el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, ha confirmado ahora que el voto de su grupo parlamentario de este jueves en el Congreso de los Diputados será un no. "Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no contará con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para este decreto ley", ha afirmado en una rueda de prensa.
Ahora, al Gobierno le tocará negociar con Podemos, un grupo parlamentario que todavía no aclara cuál será su sentido del voto este jueves, cuando la cámara baja tenga que convalidar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes. Los morados exigen a Pedro Sánchez que expropie los fondos buitre norteamericanos que operan en el estado español haciendo negocio con la vivienda, así como sus acciones en el Ibex-35. Así lo ha manifestado este mismo lunes en una rueda de prensa Pablo Fernández, uno de los portavoces de la formación. De momento, el paquete de medidas del ejecutivo de PSOE y Sumar es "completamente insuficiente", a ojos de Podemos. Según Fernández, la "guerra comercial" impulsada por el "fascista" de Donald Trump requiere una respuesta "mucho más contundente".
Sumar reclama "responsabilidad" al PP
Paralelamente, en una rueda de prensa de Sumar, al ministro Ernest Urtasun le han preguntado por la incógnita del voto de Podemos. Pero el máximo responsable del departamento de Cultura del Gobierno ha optado por desviar la presión hacia el PP y no hacia el partido de Ione Belarra e Irene Montero. En su comparecencia ha exigido a los populares que hagan "un ejercicio de responsabilidad pensando en el país y no en sus intereses". Así, Urtasun ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo haya llegado a vincular el voto de los aranceles con el alargamiento de la vida de las centrales nucleares.
Pacto entre Junts y el Gobierno
Un sí asegurado que el Gobierno tiene sobre la mesa es el de Junts per Catalunya. A principios de abril el ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con los independentistas la garantía de que el reparto de las ayudas se haga "respetando el equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a los Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma; con especial atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Si la guerra arancelaria sale adelante, Catalunya será el territorio del Estado más afectado porque es la autonomía que más exporta a los Estados Unidos. Concretamente, concentra el 25% de estas exportaciones por parte del Estado.
Es por eso que Junts explica que una cuarta parte de este paquete se tendrá que destinar a las empresas catalanas. Pero siempre hay la posibilidad de que estas compañías no reclamen los avales. Los independentistas argumentan que será trabajo del Govern de la Generalitat hacer pedagogía a estas empresas para que pidan los préstamos. De hecho, juntaires y socialistas pactaron añadir una segunda idea a este decreto: "Se articularán mecanismos de participación y seguimiento por parte de las autonomías, orientadas a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de la distribución". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también tendrá que comparecer trimestralmente para rendir cuentas sobre el cumplimiento de este reparto equitativo y aportar un informe que recoja cómo se han territorializado los recursos.
Lo que defiende el Gobierno es que el acuerdo con Junts no otorga "privilegios" a ninguna autonomía y que las ayudas se destinarán a las empresas que lo pidan y cumplan los criterios, independientemente de su territorio. También envían un mensaje de tranquilidad a las empresas del resto del Estado señalando que no se les cortará el grifo con el fin de cumplir con esta exigencia del partido de Carles Puigdemont.