La recogida de firmas a favor de la imposición del castellano en las escuelas de territorios no monolingües que impulsa la plataforma Hablamos Español, y que se dirige directamente contra el modelo escolar catalán, ha obtenido una prórroga de tres meses ante las dificultades que está encontrando este colectivo para recoger el medio millón de firmas exigidas para sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular que blinde el español en territorios donde esta lengua no es considerada como propia.

La plataforma, que obtiene un singular éxito en territorios de la España monolingüe castellana, ha denunciado boicot a la recogida de firmas en varias localidades de los Paüsos Catalans, como Valencia, Ibiza, Barcelona y Castelldefels, motivo por el cual han pedido la prórroga, que ha sido concedida por la Mesa del Congreso de los Diputados. Según un comunicado de Hablamos Español, varios ayuntamientos les han puesto todo tipo de trabas para recoger firmas, razón por la cual habrían tenido que cancelar varias acciones de recogida". Con todo, en Barcelona la plataforma recogió firmas en diciembre con toda normalidad.

La campaña, iniciada en diciembre, ha girado por todos los rincones de la geografía estatal, incluyendo sitios como la monolingüe castellana Burgos, con unas intenciones como las recogidas en el siguiente tuit.

Así, ante la posibilidad de que no se sumaran las 500.000 firmas en el plazo previsto, que acababa el 10 de agosto, el Congreso ha decidido dar oxígeno a la plataforma, con una prórroga que alarga el plazo hasta el 10 de noviembre.

La ILP propuesta por Hablamos Español defiende "blindar" los derechos de los castellanohablantes "a toda España", eso sí, sin "menoscabar los derechos de los hablantes de las lenguas regionales". De hecho, la proposición de ley que impulsa la iniciativa pretende "garantizar que todos los niños de España podrán estudiar en español, si así lo desean", y además, asegurar que "los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos lingüísticos ", en referencia concreta a la situación en Catalunya, Illes Balears, País Valencià, País Vasco y Galicia.