El abogado y eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha presentado este jueves una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos. El partido de izquierdas acusa al magistrado de haber incurrido en este delito durante una ponencia que dio en un curso del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) el pasado 18 de noviembre, cuando Martínez Arrieta habría afirmado: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado".
Una afirmación pronunciada, según los Comuns, "en tono jocoso y seguida de risas del público". De acuerdo con la querella, esto "constituye una revelación explícita de información reservada" sobre tres cuestiones. En primer lugar, "el estado interno de las deliberaciones". También sobre "el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada". Y, finalmente, de "la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo". Así, los Comuns alegan en su querella que estos datos están protegidos por el secreto de la deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial.
Además, en el escrito sostiene que el propio querellado "era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística". "Dicha manifestación revela información protegida por el secreto de las deliberaciones, pues anuncia "que las deliberaciones internas ya han adoptado una estructura decisoria suficiente para que él asuma la redacción de la sentencia", que se produjo un "cambio de ponencia desplazando a la magistrada inicialmente designada" debido a una mayoría ya formada en dicho tribunal y que "apuntaría a un sentido del fallo, previsiblemente condenatorio" a una de las acusaciones que pedía prisión para García Ortiz.
Los Comuns también llaman la atención sobre que "simultáneamente" y en el mismo curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid intervinieran como docentes otros dos magistrados del tribunal, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento. "No resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada", ahonda la querella.
Asens: "Si no defendemos la imparcialidad judicial, la democracia pierde su última línea de defensa"
Aparte, incide en que ha trascendido en medios de comunicación que el magistrado Antonio del Moral mantiene una "relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral" —información publicada esta semana por eldiario.es—. Un facto que añade, bajo su criterio, "un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
En declaraciones a Europa Press, Asens ha señalado que "en un Estado democrático ningún juez puede anunciar sentencias en público, ni menos aún hacerlo desde la sede de uno de los acusadores" en la causa contra García Ortiz, en alusión al Colegio de Abogados de Madrid. "No es solo una cuestión legal: es una cuestión de salud democrática. La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales, no a magistrados que revelan deliberaciones internas y se permiten chascarrillos sobre procesos pendientes. Si no defendemos la imparcialidad judicial, la democracia pierde su última línea de defensa", ha añadido.