Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno tendrá que sentarse ante el juez, investigado por diferentes delitos de corrupción. José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, ha citado a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero —presidente del Gobierno entre 2004 y 2011—, ya que lo considera el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El juez investiga el cobro de comisiones por parte del líder socialista por sus trabajos de intermediario con la compañía aérea venezolana, entre los cuales figura el polémico rescate de 53 millones de euros que le otorgó el ejecutivo español a raíz de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19. En el auto al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el juez instructor cifra en casi 2 millones de euros (1,95) las comisiones irregulares que Zapatero y su entorno habrían cobrado en el marco de la supuesta trama, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. 

La investigación de la Audiencia Nacional y la imputación de Zapatero este martes, sin embargo, son el fruto de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El mes de diciembre ya procedió a la detención del propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como de Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante, a través de la cual Zapatero habría cobrado las comisiones y amigo del expresidente español. El juez sospecha que Zapatero intermedió para que se aprobara el rescate a Plus Ultra y después percibió una comisión de un 1% a través de los pagos que le hacía Martínez Martínez por los informes que el expresidente hacía para Análisis Relevante. La Fiscalía Anticorrupción vio indicios de que Plus Ultra habría hecho un “uso indebido” del dinero público del rescate y de la existencia de una trama para blanquear capitales. Anticorrupción presentó entonces una denuncia a la Audiencia Nacional que ha llevado ahora a la citación de Zapatero.

Zapatero era el líder de la trama

El juez instructor de la Audiencia Nacional adjudica al socialista la organización y el liderazgo de una trama, “que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. El juez identifica, en la resolución a la que ha obtenido acceso ElNacional.cat a Martínez Martínez y a Manuel Aaron Fajardo García como “intermediarios directos con los clientes” y adjudica a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y a Cristóbal Cano, el papel de administradores cotidianos de los negocios de Zapatero y Martínez manteniendo un “contacto fluido”. 

Según el juez, el expresidente español impartía instrucciones para la creación de sociedades en territorios extranjeros para desviar el dinero. En este sentido, se explica que Zapatero habría ordenado la creación de Landisde, una sociedad off-shore en Dubái, a través de la mercantil española Idella Consulenza Strategica, empresa administrada por Julio Martínez. Esta firma firmó un contrato con Plus Ultra con el cual habría percibido el 1% del rescate otorgado por el Gobierno (530.000 euros), que se habrían destinado a la sociedad pantalla de Dubái para evitar la trazabilidad de los fondos en España. Es este uso de testaferros, sociedades instrumentales en jurisdicciones opacas y la triangulación de cuentas en el extranjero para ocultar los orígenes del dinero, lo que lleva al juez a considerar que hay indicios de blanqueo de capitales.

El rescate de Plus Ultra era el objetivo

El objetivo principal de la trama fue, precisamente, la obtención del rescate por parte del Gobierno en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) impulsó por la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19. La consideración de Plus Ultra como “estratégica” es la otra pata en la investigación del rescate de la aerolínea en otras instancias después de la denuncia por parte de Vox contra la decisión en el año 2024. Los implicados articularon dos líneas de articulación para obtener el rescate: la primera a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que también está investigado por corrupción en un caso ya visto por sentencia; y la segunda, a través de Zapatero, resultando esta última “predominante” y la que permitió a Plus Ultra “conseguir los objetivos perseguidos”. 

En su resolución, el juez destaca que la capacidad de influencia de la trama para acceder a información privilegiada relativa al rescate se hace patente el mes de febrero de 2021, cuando dos de los investigados celebraban, a través del intercambio de mensajes, la consecución del préstamo de 53 millones. La decisión del Consejo Gestor y su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros, sin embargo, se produjo semanas más tarde, el día 9 de marzo. La trama, sin embargo, no se detuvo en España y desplegó sus influencias también en Venezuela ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para asegurar la autorización a volar para la compañía intervenida. El juez, sin embargo, considera que esta segunda línea de influencia debe considerarse como un único delito con la española porque implica a las mismas personas con una unidad de finalidad económica y obteniendo contraprestaciones canalizadas a través del entramado societario controlado por Julio Martínez.

¿Cuánto dinero se llevaron?

La resolución del juez considera que José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whatefav S.L., propiedad de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, eran los principales beneficiarios finales de la actividad de la trama de influencias desplegada por el exmandatario socialista. El entorno del expresidente recibió transferencias de Plus Ultra y otras empresas vinculadas a la trama mediante los pagos de diversas sociedades: 490.780 euros a través de Análisis Relevante, 352.980 a través de la empresa Gate Center y 681.318 euros desde el grupo Thinking Heads. Whatefav recibió otras decenas de miles de euros de estas mismas empresas.

Zapatero reconoció el pasado mes de marzo, ante la comisión de investigación del Senado dedicada a los diferentes casos de corrupción que asedian el entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber recibido dinero de Análisis Relevante. Según explicó, habría facturado unos 463.000 euros en total a lo largo de los años por sus trabajos como consultor con varios informes “escritos y orales” para la empresa de su amigo. “Cuando acepté ser consultor, propuse que la empresa de mis hijas realizara trabajos de marketing. Este es el acuerdo al que llegamos”, relató Zapatero en la comisión. Whatefav S.L. habría recibido de Julio Martínez 198.000 euros en supuestos trabajos de diseño y comunicación en línea y, por estos contactos, su sede ha sido registrada esta mañana por parte de la policía judicial en la búsqueda de pruebas. 

Dos años de investigación

Las primeras diligencias en el caso Plus Ultra se remontan a abril de 2022, cuando el juzgado de instrucción número 15 de Madrid abrió una causa contra Bartolomé Lora, expresidente de la SEPI, y el consejo de administración de la empresa pública después de una denuncia de Manos Limpias por un supuesto delito de malversación en la concesión del rescate. La magistrada archivó aquella causa por no estar “debidamente justificada la comisión de un delito” y consideró entonces que el Gobierno justificó la concesión del rescate. No obstante, la Fiscalía pidió la reapertura de la causa en 2024 después de concluir que el dinero se usó de forma irregular y pidió la reapertura de la causa a la Audiencia Nacional.