La policía ha accedido a la sede de Plus Ultra, rescatada por la SEPI en 2021, para registrarla. Según fuentes policiales, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado en la sede de la aerolínea en Madrid en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales, en manos del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y, por el momento, bajo secreto de sumario. Todo, coincidiendo en el tiempo con la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que, hasta este jueves por la mañana, se ha saldado con varios registros y tres detenciones: la de Leire Díez, fontanera del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda); y Antxon Alonso, empresario de Servinabar y socio de Santos Cerdán.
En febrero de este año, tal como recogían portales especializados, la Fiscalía Anticorrupción ya señaló que el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra podría haber sido utilizado para actividades de blanqueo de capitales vinculadas a una red criminal internacional. Todo, con la implicación de la SEPI y del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El polémico rescate se aprobó en marzo de 2021, en plena pandemia, como parte del programa gubernamental para salvar empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria. Entonces, la aerolínea operaba solo con dos aviones, tenía una cuota de mercado del 0,1% en la aviación comercial y arrastraba pérdidas millonarias desde antes de la covid-19. Dado que ninguna entidad bancaria quiso financiarla, el Gobierno tuvo que justificar la ayuda argumentando su "condición estratégica" para conectar el Estado español con América Latina y mantener empleos tanto directos como indirectos.
El mismo juzgado había archivado la causa en 2023
Así, la Fiscalía sostenía que Plus Ultra habría utilizado parte del rescate para retornar supuestos préstamos a cuentas en el extranjero que pertenecían a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal. La red estaría implicada en actividades ilícitas, como la venta de oro procedente del Banco Central de Venezuela y programas estatales del país. Según las autoridades francesas y suizas, las operaciones habrían servido para blanquear grandes sumas de dinero procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos. También se denunciaba que parte del dinero se canalizó a cuentas en los Emiratos Árabes Unidos y Panamá, supuestamente mediante contratos ficticios. También se mencionaba el uso de relojes de lujo para blanquear dinero
Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, pero fue rechazada porque los delitos principales habían tenido lugar en Venezuela y no entraban dentro de su competencia. Se sugirió trasladar el caso al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que es quien ahora coordina la investigación que este jueves ha desembocado en el registro de la sede. En enero de 2023, el mismo juzgado archivó la causa sobre las presuntas irregularidades en el rescate. La jueza Esperanza Collazos señaló que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros, de manera que las personas imputadas "carecían de capacidad de decisión".