En los informes desclasificados la pasada semana, la CIA se lamenta de que el presidente socialista Felipe González, al optar por la represión policiaca y judicial y la guerra sucia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), "sacrificó [entre 1983 y 1984] una oportunidad de oro para sumar al Gobierno Vasco a la lucha contra ETA", al rechazar la disposición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a apoyar el endurecimiento de la legislación antiterrorista a cambio de participar en su reforma y aplicación. "Consideramos la falta de colaboración entre los gobiernos central y vasco uno de los obstáculos primordiales para una acción policial eficaz contra ETA", dice uno de los informes, fechado en enero de 1984, el mismo donde se afirma que González aprobó en 1983 "la formación de un grupo de mercenarios controlados por el ejército para combatir a los terroristas [de ETA] desde fuera de la ley" —los GAL.

El de enero de 1984 es el segundo de los cinco documentos del Directorio Antiterrorista de la CIA que la agencia desclasificó. Los otros cuatro están fechados en octubre de 1982, noviembre de 1984, agosto de 1985 y enero de 1986. Las afirmaciones sobre González y los GAL han acabado en las noticias y en la petición de una comisión de investigación en el Congreso.

"Es un error"

En los informes, sin embargo, hay más madera. En los de enero de 1984 y agosto de 1985 se hace un análisis más detallado de las implicaciones políticas de la lucha contra ETA, cuya erradicación se considera "sin ninguna duda, el reto más importante del gobierno de González". Para la CIA, la opción del gobierno socialista de atacar el terrorismo por la vía de la represión y la guerra sucia "es un error que puede desacreditar seriamente al gobierno González", avisa en enero de 1984. Este juicio se matiza en informes posteriores, al comprobar que la opinión pública no reacciona negativamente a las informaciones que vinculaban a los GAL con el gobierno.

De los informes se desprende cierta decepción de la CIA con la política antiterrorista del momento. La goleada del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 —48,11% de los votos, 202 diputados—, daba esperanzas a la agencia que el gobierno adoptaría una actitud más dialogante con la banda terrorista, pues "muchos [de los ministros socialistas] simpatizaban con ETA cuando luchaban contra Franco", y por "la actitud más respetuosa [con los valores democráticos] y los derechos civiles" del PSOE.

La CIA considera "indudable" que "el prestigio, la influencia y la dimensión [...] de ETA han entrado en declive" y que ha perdido capacidad operativa a causa principalmente del "apoyo menguante de la población vasca", que "ya percibe que un estado [vasco] independiente es un objetivo poco realista. Esta valoración se mantiene en todos los informes. Aunque la opinión pública sobre el conflicto "es muy volátil", añade, "la mayoría de vascos se opone a la violencia como vía para ganar más autogobierno". La organización terrorista conserva, sin embargo, "algunas fortalezas", como la imagen "de únicos defensores de la independencia" y la "mínima colaboración entre Francia y España en materia antiterrorista", que facilita a los etarras "un santuario seguro" en el país vasco-francés.

Los analistas de la CIA deducen de estos factores que era un buen momento para abordar el conflicto desde la negociación política. No fue así.

El asesinato que lo cambió todo

La situación dió un vuelco, según la agencia, tras el secuestro y asesinato de Alberto Martín Barrios, capitán de Farmacia del Ejército, el 18 de octubre de 1983. Es "una acción contraproducente" para ETA, que los agentes de la CIA desprecian como "ridícula", porque Martín Barrios no tenía relación alguna con el contraterrorismo. "La imagen del capitán como un padre amable, hombre de familia y vasco de nacimiento ha levantado muchas simpatías en la misma Euskadi", añaden, además "de un sentimiento de hostilidad pública sin parangón" contra ETA, que desembocó en "la mayor manifestación anti-ETA que se recuerda".

La muerte de Martín Barrios provocó dos reacciones —siempre según los analistas de la CIA— que gestionadas de otra manera quizás habrían podido acelerar el fin de la banda terrorista y ahorrar víctimas.

Por una parte, Felipe González cancela los contactos indirectos con Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, el líder de ETA, y "se compromete a no negociar nunca más con asesinos, descartando específicamente el llamamiento del PNV a encontrar una 'solución política' al afirmar que sólo rigurosas medidas policiales podrían extirpar el cáncer de ETA", explica el informe.

Las nuevas leyes antiterroristas pasaron fácilmente por el Congreso. Endurecían las penas por terrorismo; facilitaban acusar de colaboración y connivencia a entidades y medios de comunicación; permitían disolver partidos políticos y "reducían las restricciones a la policía en operaciones de vigilancia y registro". El informe explica que "estas regulaciones no marcan una nueva fase en la acción antiterrorista del gobierno, sino que sólo legalizan prácticas policiales habituales hacía mucho tiempo".

En este momento sitúa la CIA la creación de los GAL, con la anuencia de Felipe González y su gobierno, como una "estrategia [antiterrorista] heterodoxa", aunque el informe de agosto de 1985 sitúe a los GAL en "la larga historia de operaciones antiterroristas extralegales del gobierno [español]". Este tercer informe lamenta que la acción de los GAL —que ya habían asesinado a 15 personas y herido a dos docenas más—, "pueda ralentizar los progresos que el gobierno González ha hecho en la resolución de un problema de tan larga duración como es el terrorismo vasco".

La decisión del PNV

El segundo factor que entre en juego a raíz del asesinato de Martín Barrios, según la agencia norteamericana, es la actitud del PNV de la época, que lidera Xabier Arzalluz. Los jeltzales pensaban "que las tendencias marxistas habían devorado al componente abertzale [nacionalista] de Herri Batasuna [HB, Unidad Popular, el brazo político de ETA]". El liderazgo nacionalista creía que ganarían más votos entre "la derecha no nacionalista (pero no anti-vasca)" que acepta el statu quo autonómico y el concierto económico, "más que entre los simpatizantes de HB". La militancia nacionalista, sin embargo, tenía el sentimiento contrario, dice la CIA, aludiendo a las dificultades del PNV para situarse.

En este sentido, la reacción del PNV a la muerte de Martín Barrios fue "más sorprendente que la dura respuesta de Madrid", según la CIA. De la condena "tibia" del terrorismo, pasó a su rechazo frontal, "ayudando a organizar la masiva manifestación anti-ETA de Bilbao de 1983 (por aquellas fechas, los etarras habían asesinado a 465 personas) y ordenando a las secciones locales del partido que rompan toda colaboración con HB".

El informe de enero de 1984 lamenta que, en este contexto, el gobierno de Felipe González "rehusara la propuesta del PNV" [que los norteamericanos equiparan al Gobierno Vasco] de dar apoyo al endurecimiento de la legislación antiterrorista "si el PNV participaba en su formulación y aplicación". En cambio, "Madrid excluyó esta oferta y aprobó las leyes en el Congreso sin consultar a los vascos. Creemos que el gobierno González ha sacrificado una ocasión de oro para sumar al Gobierno Vasco a la lucha contra ETA. Este error ha deteriorado aun más las relaciones entre Madrid y Vitoria. El Gobierno Vasco —comprensiblemente ofendido al ser ignorado mientras el gobierno central consulta abiertamente a la oposición derechista de Alianza Popular— ha pedido el control total de las operaciones antiterroristas en la región".

Radicales contra radicales

Casi un año después, en noviembre de 1984, otro informe indica que "la violencia terrorista había aumentado después de que se establecieran contactos indirectos [Gobierno-ETA], el 14 de noviembre, entre representantes del Gobierno y Txomin, con la idea de celebrar conversaciones de paz". Los analistas añaden que, según la prensa, Txomin está dispuesto, pero que un pequeño grupo más radical "quiere continuar la lucha armada y está decidido a rechazar cualquier acuerdo".

Este informe ya habla de los GAL como un "escuadrón de la muerte ultraderechista" y deduce del intercambio de asesinatos entre GAL y ETA que "los partidarios de la línea dura de ambos lados intentan torpedear cualquier negociación por la paz asesinando a los rivales moderados". Aquí encuadra también el asesinato por los GAL, el 20 de noviembre de 1984, de Santiago Brouard, médico y senador de HB que había intervenido en los contactos para las conversaciones de paz.

Peor aun, la CIA deduce que los GAL están casi fuera de control a causa de su origen, el Batallón Vasco Español —un grupo de mercenarios de ultraderecha, algunos extranjeros, fundado en tiempos de Franco— y de la muerte de su jefe, Jean Pierre Cherid. También recuerda que el gobierno siguió adelante —reaccionando con demandas y querellas contra los diarios que informaban de sus posibles vínculos con los GAL—, y la actitud de El País, "el diario más influyente de España", que en un editorial de 1983 "avisa seriamente al gobierno que no emprenda una 'guerra sucia' contra ETA".

Para redondear la situación, Francia, superando una larga etapa de recelo, empieza a colaborar con el gobierno socialista a finales de 1984, extraditando etarras con delitos de sangre y coordinando acciones con las policías españolas. Los informes de la CIA explican que las acciones de los GAL en Francia motivaron la colaboración de Francia, más cómoda con el nuevo gobierno socialista español que con los anteriores de la Unión de Centro Democrático.

Opinión pública indiferente

La CIA también hace notar la mala situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles en aquella época, debido a "la gran desmoralización por el nombramiento de altos cargos socialistas, las rivalidades entre cuerpos y [...] los bajos salarios". Y añade: "La policía [el CNP y la Guardia Civil] han hecho pocos progresos en el combate a ETA durante el primer año de gobierno socialista. Por ejemplo, sólo 250 presuntos terroristas han sido detenidos este año [1983] (comparados con los 520 de 1982), y menos de la mitad han sido procesados".

Quizás una de las claves que explica la apuesta represiva contra ETA del Gobierno está en el informe de agosto de 1985, año y medio después de las primeras acciones del GAL. "El gobierno —dice— ha sufrido pocos daños políticos internos a causa de las especulaciones de la prensa sobre los vínculos del GAL y el gobierno". En aquel momento, ni González ni ningún cargo del gobierno había sido directamente vinculado con las acciones del GAL, cosa que no llegaría hasta 1998, cuando José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, respectivamente, fueron condenados por su implicación en el secuestro del empresario vasco Segundo Marey por los GAL.

En 1985, sin embargo, la opinión pública "era ambivalente" sobre la cuestión de los GAL. "Casi ni se ha dado cuenta de la aparición de otro grupo violento en el País Vasco. Pocos no vascos están dispuestos a discutir la valoración pública que Felipe González hace de los GAL [...] y muchos lo ven como una respuesta lógica a la violencia de ETA", concluye el informe.