Continúan las clases magistrales de derecho en el Senado. En una nueva lección (discrepante) sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, este miércoles ha sido el turno de dos voces convocadas por el PP y el PSOE. Y, evidentemente, han presentado planteamientos contrapuestos. La voz favorable ha sido la de Luis López Guerra, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional y secretario de Estado de Justicia con Zapatero en la Moncloa. Ha sostenido que la amnistía cumple con “los requisitos formales y materiales derivados de su acomodación en el ordenamiento jurídico” y ha aseverado que no es que haya “un problema de constitucionalidad, sino de legítimas discrepancias respecto a su conveniencia”. “En cuanto al contenido y fines de la amnistía, se puede discutir sobre el momento, pero el contenido como tal de la propuesta y su justificación aparecen como razonablemente justificados”, ha argumentado.

Ante la comisión conjunta constitucional y de justicia, Luis López Guerra se ha mostrado convencido de que, por parte del Gobierno, en los últimos años ha habido “una actividad continua claramente tendente a paliar los efectos” de los hechos de 2017 para “conseguir mayor concordia ciudadana”. Ha situado en este camino los indultos a los presos políticos, la derogación de la sedición y la creación de “órganos de diálogo” entre el Gobierno y el Govern. Así pues, ahora, la amnistía “no aparece como algo traído por los cabellos o por una ocurrencia, sino que es una línea continuada de política”. A parecer del vicepresidente del TC, aunque existan “consideraciones coyunturales y de oportunidad política”, hay “motivos razonables y coherentes” que están vinculados con “una posición anterior en cuanto al contenido y fines de la amnistía”.

Sobre las voces que afirman que rompe la separación de poderes, la posición de López Guerra ha sido clara: “La independencia judicial no parece afectada, ya que la aplicación de la ley, en cumplimiento de las funciones constitucionales del juez, corresponde a los órganos judiciales sin excepciones”. Y ha añadido que, por definición, una amnistía “tiene que incidir en decisiones tomadas por los tribunales”, ya que supone “la exención de responsabilidad”, cosa que “deriva de la prerrogativa de gracia reconocida constitucionalmente”. Sobre el presunto atentado contra la igualdad, ha sido taxativo: “No todo tratamiento desigual es discriminatorio si se trata de forma diferente situaciones diferentes”.

Tomás Ramón Fernández, propuesto por el PP, se escuda en el hecho de que la amnistía no aparece en la Constitución

Por la mañana, ha sido el turno de Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo. Su principal argumento ha sido que la Constitución “no acoge la amnistía porque los constituyentes no quisieron”. Ha recordado que en ese momento se presentaron dos enmiendas para incluir esta figura en la Carta Magna y ha apuntado que los ponentes “lo contemplaron, estuvo en su mente en una primera vuelta, lo dejaron para una segunda vuelta y decidieron no constitucionalizarlo”. A su parecer, la Constitución “tendría que haberla expresamente autorizado” porque el derecho de gracia es una “excepción” a la “regla fundamental” del poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, “que corresponde al poder judicial”.

El senador de ERC Joan Queralt ha cuestionado este argumento y ha puesto de relieve que “hay una gran diferencia entre prohibir expresamente algo”, como sucede con los indultos generales, y “no ponerlo en la Constitución”, como es el caso de la amnistía. Ha apuntado que, por ejemplo, “la palabra democracia no aparece” en la Carta Magna, ha sostenido que “las leyes han de ser interpretadas en su contexto” y ha aseverado que, como es evidente, “el contexto de hoy no es el de 1978”. Más tarde, Luis López Guerra ha añadido que las Cortes Generales tienen “la capacidad de legislar sobre materias sin necesidad de atribuciones concretas”.

Además, durante su intervención, Tomás Ramón Fernández ha reprochado a Pedro Sánchez que no se aviniera a conceder una amnistía hasta después de las elecciones: “Si eso se hubiera dicho antes del 23 de julio, tendría alguna credibilidad el argumento, pero como se dijo después, a la vista de los números proporcionados por las elecciones, no tiene esa credibilidad, más bien, lo que se desprende de eso es que, echando las cuentas, faltan unos votos y de alguna manera se han querido conseguir”. Ha argüido que la amnistía no nace de una “justificación racional”, sino que responde a un “interés individual y concreto” de quien se beneficia y de quien la pone en marcha. “Un Tribunal Constitucional que se respete a sí mismo no puede decir que esta ley no infringe la Constitución”, ha concluido.

El catedrático citado por ERC reprueba que la causa del Tsunami “despertara” a raíz de la amnistía

Estas comparecencias se enmarcan en la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y suceden las que se produjeron ayer. Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y propuesto por ERC, sostuvo que la causa de Tsunami Democràtic, en la que se acusa de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira, “presenta peculiaridades y anomalías en su tramitación que son muy llamativas”, ya que es un caso que se abrió en 2019 estuvo paralizado hasta que, “oh, casualidad”, se empezó a tramitar la ley de amnistía. “Es llamativo que estuviera dormida y que despertara justo en el momento que despertó”, proclamó.