La protección y el impulso de la lengua catalana que el gobierno socialista de Pedro Sánchez se comprometió a realizar en la mesa de diálogo con el gobierno catalán de Pere Aragonès, en julio de 2022, también se ha incumplido, como la desjudicialización del procés de Independencia de Catalunya. Por ahora, nada se ha impulsado para cambiar el reglamento del Senado para que los políticos puedan intervenir en catalán. Y recientemente, se descubrió que el Gobierno nunca ha pedido a la Unión Europea que se pueda utilizar el catalán en el Parlamento Europeo, como el Gobierno aseguraba que lo había hecho en el 2004 y que el impedimento era la reforma de los tratados. Además, la escuela catalana continúa en los tribunales porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) —que excediéndose de sus atribuciones impuso el 25% de castellano a todos los centros catalanes— considera que las nuevas normas para saltarse su sentencia son inconstitucionales y lo ha consultado al Tribunal Constitucional (TC).

También ha quedado en papel mojado el acuerdo de ERC con el PSOE, a cambio de dar apoyo a los presupuestos generales del Estado, para blindar el catalán en la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en julio de 2022. Inicialmente, se acordó obligar en todas las plataformas a ofrecer al menos un 6% del contenido en catalán. Nada de nada. Con todo, ERC celebró en el Parlament "el crecimiento exponencial de los títulos en catalán en las grandes plataformas digitales, y se destacaba el trabajo hecho por el departament de Cultura, encabezado por Natàlia Garriga. Y se precisaba que los títulos doblados al catalán han pasado de: 15 a 34 en Netflix, y de 39 a 72 en Disney Plus. Amazon Prime ha sumado 221 títulos más, Filmin ha llegado a los 962, y Rakuten en los 279.

El Estado contra la escuela catalana

Con respecto a la escuela catalana, la sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) planteó, en julio de 2022, al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad con respecto al decreto ley 6/22, que fija los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos aprobado por el Govern, y también de la ley 8/22, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, aprobado por el Parlamento, al concluir que la lengua castellana no está representada como oficial.

El TSJC tomó esta decisión después de suspender la ejecución de su sentencia para que todos los centros educativos de Catalunya impartan el 25% de clases en castellano, al admitir que la nueva normativa superaba la resolución. En la sentencia, el alto tribunal catalán acusaba al Govern y al Parlament de "bloquear" la ejecución de su sentencia, con las dos normas, que ya considera inconstitucionales. Con todo, al menos una treintena de centros catalanes han mantenido el 25% de castellano en l'actualidad, según datos de Plataforma por la Lengua.

Por su parte, el Parlament presentó al TC, el noviembre pasado, una serie de alegaciones que pretenden blindar la ley y el decreto del catalán aprobados por la cámara con la intención de conseguir que el tribunal declare la "plena constitucionalidad" de todos sus artículos. El PP y Ciudadanos se alinearon con el TSJC para llevar las normativas al TC, alegando que se vulnera la constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya, oponiéndose así a la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas.

El castellano, vehicular

En este sentido, el TSJC recuerda que fue el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, quien llevó a los tribunales las normas catalanas, como el Estatuto, y que ahora nuevamente las elevan al TC. Así, el tribunal de garantías tiene que resolver ahora si estas dos normas aprobadas por una mayoría parlamentaria (incluso PSC y comuns) infringen el artículo 3 de la Constitución, en relación con el artículo 27, y de los artículos 6 y 35.1 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, "en cuánto —indica el tribunal— al carácter oficial del castellano y su uso como lengua de enseñanza". El TSJC insiste en que "el nuevo marco normativo no aparece como compatible con la Constitución, ya que tal como se expresa en la STC 31/2010, es constitucionalmente obligado a que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares". El Parlament reitera, por el contrario, que las dos normas respetan que el castellano sea vehicular, pero sin poner cuotas.

Ley audiovisual y catalán

En cuanto a la ley del audiovisual, la normativa de Europa obliga a que el 30% de toda la producción esté hecha en la Unión Europea. Y la mitad de estos contenidos (es decir, un 15%) tienen que ser en la lengua oficial o cooficiales de cada estado miembro. Y se precisó que un 6% de este 15% tendrá que ser en catalán, gallego o vasco. Lo cual significa que la presencia del catalán no será del 6%, sino menos, ya que este tanto por ciento lo comparte con dos lenguas más.
El desconcierto llegó en diciembre de 2021 cuando el Ministerio de Economía avisó de que el porcentaje de un 6% para contenido, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales no afecta al servicio televisivo a demanda de plataformas internacionales como Netflix o HBO. Y, nuevamente, los grupos independentistas expresaron su queja. Nada se ha rectificado.

El uso del catalán, reclamado

El menosprecio a las lenguas cooficiales por parte de organismos del Estado español ha sido constante, con el PSOE y el PP en el Gobierno. Ahora las Illes Balears y el País Valencià sufren un nuevo retroceso con los pactos de la derecha y la ultraderecha de Vox. Los políticos no respetan la opinión de la ciudadanía. Según un último informe de Plataforma per la Lengua, el 84% de los catalanohablantes de Catalunya quieren que el catalán sea oficial en la Unión Europea, mientras que en el caso de los castellanohablantes, se muestran de acuerdo o muy de acuerdo el 52,6%. Además, una amplia mayoría considera que el catalán es útil para los jóvenes: lo creen el 95,3% de los habitantes de Catalunya, el 86,5% de los de la zona catalanohablante del País Valencià y el 77,8% de los residentes en las islas Baleares.

 

 

En la foto principal, una manifestación de ciudadanos después de la aprobación del 25% de castellano en una clase de una escuela de Canet de Mar, en diciembre de 2021. / Foto: Sergi Alcàzar