La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, en el marco del caso Mediador, una presunta trama de corrupción que salpica a cargos públicos, empresarios e intermediarios. El Ministerio Público también reclama 11 años de prisión para su sobrino, Taishet Fuentes, y 13 para Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre a la causa. Según el escrito de acusación, a los tres se les atribuyen delitos continuados de cohecho y prevaricación, así como pertenencia a grupo criminal. Además, la Fiscalía acusa a Taishet Fuentes de un delito de estafa y a Navarro Tacoronte de tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. En total, el Ministerio Público dirige su acusación contra 16 de las 23 personas procesadas en la pieza principal de un caso que investiga el cobro o la solicitud de sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos.
En su escrito de calificación, el recientemente nombrado fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, identifica a Tito Berni, Taishet Fuentes y Marco Antonio Navarro Tacoronte como los principales impulsores de "un plan criminal" con una "distribución de funciones claramente definida". Según la Fiscalía, el objetivo era ofrecer a empresarios, principalmente de los sectores agrícola, ganadero y de las energías renovables, la posibilidad de obtener contratos, subvenciones y otras ventajas en el ámbito público o privado a cambio del pago de comisiones, regalos y otras contraprestaciones. De acuerdo con esta tesis, Navarro Tacoronte ejercía el papel de intermediario encargado de captar empresarios y personas dispuestas a acceder a las "ilícitas peticiones de los encausados".
La Fiscalía sostiene igualmente que Tito Berni y su sobrino habrían aprovechado las responsabilidades públicas que ejercían para localizar posibles empresarios susceptibles de incorporarse a la trama. Según recoge el escrito de acusación, ambos, "apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, se servían de los cargos públicos de enorme relevancia para identificar posibles empresarios a captar, haciendo uso indebido, por tanto, de la información que tenían a su alcance". El Ministerio Público señala igualmente la participación del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, a quien también atribuye tareas de intermediación para facilitar la obtención de contratos públicos y privados.
La Fiscalía sitúa a Navarro Tacoronte como la pieza central de la presunta red, en tanto que nexo de unión entre cargos públicos, empresarios y personas con influencia en diferentes administraciones. De hecho, buena parte de la investigación se basa en la información extraída de sus teléfonos móviles, que, según la causa, no solo recogen indicios de los presuntos delitos investigados, sino también detalles sobre encuentros y celebraciones en prostíbulos que, presuntamente, se utilizaban para consolidar relaciones y cerrar negocios.
Ahora bien, aunque Navarro Tacoronte acostumbraba a ser el encargado de establecer los primeros contactos con los empresarios, la participación del resto de los acusados era esencial para dar credibilidad a las operaciones. En este sentido, el Ministerio Público señala que era “habitual” que los empresarios captados fueran recibidos en el Congreso de los Diputados por Berni, que les ofrecía una “visita guiada” destinada a transmitir “una imagen de rigor y una expectativa de seriedad necesaria para que se embarcaran en las propuestas que los encausados les transmitían”. Esta “puesta en escena”, añade la Fiscalía, iba más allá de la cámara baja y permitía a los empresarios acceder “con absoluta naturalidad” a instituciones públicas y reunirse con responsables políticos.
El estallido del caso provocó la dimisión de Berni como diputado del PSOE en el Congreso. La macrocausa, sin embargo, continúa fragmentada en varias piezas separadas. Una de ellas ya ha sido juzgada y ha terminado con condenas inferiores a un año de prisión por un delito continuado de cohecho contra el exgeneral Espinosa Navas y un empresario vinculado al sector eólico.