La Fiscalía Europea (EPPO) ha indicado este miércoles que la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye "un desafío a la supremacía". En un comunicado, la Fiscalía Europea detalla que "ha tomado nota" de la decisión del 28 de marzo de 2022 de la Fiscalía General del Estado de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y el EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación". Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, al hecho de que fuera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea quien ejerciera su "mandato exclusivo" de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE", según ha detallado el comunicado.

Preocupación por el procedimiento

Además, la Fiscalía Europea ha mostrado su "preocupación" por el procedimiento que ha llevado a decidir la división de competencias, porque esta ha sido tomada por la fiscal general del Estado, "que es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por lo tanto, parcial en el procedimiento en curso". La decisión de la Fiscalía se ha tomado sin escuchar a las dos partes implicadas en el conflicto de competencias durante la reunión de Fiscales de Sala y la ley española que regula este procedimiento, que concierne a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, "no prevé ningún remedio", afirma el organismo comunitario en su comunicado. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció el lunes que la Fiscalía Anticorrupción española, capitaneada por Alejandro Luzón, siga investigando el contrato de mascarillas por el cual cobró el hermano de Ayuso, en lugar de remitir las perquisiciones a la Fiscalía Europea, que era quien las reclamaba. La Fiscalía Europea considera que tiene una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar "duplicidades". El organismo europeo solicitó investigar el caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en este contrato, por el cual el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, pero Delgado consideró que "se trata de comportamientos que afectan directamente y esencialmente a intereses nacionales", por lo que estimó que tiene que ser la Fiscalía nacional la que determine si hay indicios "para la eventual incoación de un procedimiento penal".

Anticorrupción

La investigación del caso, pues, la mantendrá el departamento que dirige Luzón, quien, al menos en el actual momento de la investigación, no comparte el criterio de Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel, que se pueda haber cometido delito de malversación de fondos europeos. De esta manera, la Fiscalía Europea podrá mantener su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE, y para eso cuenta con copia de las actuaciones, pero no se le cederá la investigación sobre los hechos que afectan al funcionamiento de la administración pública española. Anticorrupción abrió el 22 de febrero diligencias para investigar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso y por la cual este cobró 55.850 euros. El caso del hermano de Ayuso se ha convertido en el primer conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea desde que esta empezó a funcionar en junio de 2021.