El Govern admite que hacer trámites con la administración pública catalana a menudo implica burocracia enrevesada, llamadas de teléfono que no se contestan, ayudas que tardan años en llegar e ir de oficina en oficina para hacer trámites. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha aseverado que esto genera "desafección" en la ciudadanía y que, como tema capital de la legislatura, hay que "darle una vuelta de arriba abajo". No puede ser, ha dicho este martes en una intervención en 3Cat, que un autónomo, un agricultor o un pescador "tenga que pasar más tiempo haciendo burocracia que su trabajo". Tampoco que afectados por las inundaciones en las Terres de l'Ebre hace tres o cuatro años estén recibiendo ayudas ahora, lo cual admite que "es una vergüenza".
Es por este motivo que el Govern de Salvador Illa presentó este lunes el plan de la comisión de expertos encargada de idear cómo reformar la administración pública catalana. Una cincuentena de propuestas con las que agilizar trámites y que las instituciones "funcionen" en un contexto global, apuntan desde el Govern, de auge de la antipolítica. Hasta junio de 2026 se espera haber rediseñado más de 170 trámites. Este año ya se están abordando 31 procedimientos considerados prioritarios con refuerzo de personal y automatización de tareas.
Trámites como los títulos de familia numerosa y monoparental o las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y las renovables se encuentran en fase avanzada e incorporan cambios que permiten reducir los tiempos de resolución, mejorar la información disponible y hacer más ágiles y claros los procedimientos. También se quiere profesionalizar las direcciones generales como en el Ayuntamiento de Barcelona para que las ocupen técnicos expertos y no cargos políticos, de los cuales entre 400 o 500 bailan con cada cambio de color en el Govern. O se quiere que los ayuntamientos pidan y reciban directamente las ayudas para hacer frente a destrozos y después más tarde ya hagan los planes ejecutivos y las justificaciones pertinentes. Todo "un cambio de mentalidad", ha admitido el conseller.
"Teníamos 60.000 expedientes en un cajón", ha lamentado Dalmau. Si bien no ha querido profundizar en "mirar atrás", ha apuntado que esto es producto de un "tiempo de desatención". El objetivo ahora, ha dicho, es pasar de un año y medio para hacer el pago de ayudas a seis meses, lo cual valora como una reducción muy "importante" desde el punto de vista de quien espera su ayuda. O que el 012 atienda el fin de semana, cuando el ciudadano tiene tiempo para hacer gestiones, y que tenga "una persona humana que lo pueda atender". También ha señalado un horizonte en el cual los ciudadanos no se tengan que desplazar a Barcelona para hacer trámites y que se abran sedes del Govern integradas en cada zona de Catalunya, para que "no tengan que ir de departamento en departamento".
Dalmau ha aseverado que el Govern está en contra de reducir la administración, como promulgan líderes como Donald Trump o Javier Milei, y ha añadido que justamente porque valoran los servicios públicos y su trabajo "hay que hacer una reforma". Esta, ha admitido, implica cambiar leyes del "sistema muy complejo" que se ha construido. Por lo que ha tendido la mano al resto de partidos, para impulsar las reformas del plan del grupo de expertos. En este sentido, ha apuntado que el Govern quiere llegar a consensos y, además de los socios preferentes (ERC y Comuns), ha señalado a Junts. "Este debe ser un pacto de país y un acto de generosidad de todos juntos", ha apuntado Dalmau, que ha añadido que la gente "lo notará".
El Govern "no contempla" prorrogar presupuestos una vez más
El conseller Dalmau ha asegurado también que el Govern "no contempla" tener que prorrogar los presupuestos de la Generalitat y confía en poder aprobar unos nuevos para 2026. Ha reconocido que "ERC ha dicho que sin financiación no hay presupuestos" y que precisamente por eso espera desencallar la negociación del nuevo sistema de financiación con el Estado. En este sentido, ha dicho que hay "buena sintonía con ERC y el Gobierno de España": "Estamos mejor que meses atrás". Según el consejero, el acuerdo que cerraron la Generalitat y el Estado en la última reunión bilateral "ya deja claro cuál será el camino" del futuro modelo de financiación, "que debe compaginar la solidaridad y la ordinalidad y ser un sistema fiscalmente más responsable". El documento suscrito por ambos gobiernos, sin embargo, no garantiza el cumplimiento de la ordinalidad para que Catalunya reciba en inversiones del Estado una cantidad proporcional a su aportación a la caja común. A pesar de ello, Dalmau ha garantizado que defenderán este principio "a capa y espada".