La comisión de expertos creada por el Govern para estudiar una propuesta de reforma de la Administración de la Generalitat y mejora de los servicios públicos (CETRA) ha entregado este lunes sus conclusiones al president, Salvador Illa. Tras un año de trabajo, los expertos han planteado una cincuentena de propuestas, entre las cuales, hay un replanteamiento del actual modelo de oposiciones, para facilitar la captación de talento y reducir los exámenes esencialmente memorísticos; la profesionalización de los altos cargos, para evitar que cada cambio de gobierno imponga una renovación; u optimizar el talento interno y evitar la desmotivación de los trabajadores públicos. Entre las medidas de los expertos que están ya en marcha, figura el reconocimiento del derecho al error de ciudadanos y funcionarios.
Las propuestas se han presentado en un acto en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidido por Illa, que ha subrayado que el Govern se propone acelerar una reforma de la administración que ya estaba en marcha, que no se trata de desregular, sino de simplificar el sistema y de hacerlo "reivindicando al sector público", por lo que uno de los objetivos es captar el mejor talento posible. Junto con Illa ha presidido el acto el presidente del Parlament, Josep Rull, que ha recordado que estas propuestas requerirán reformas legislativas y se plantean en un momento en que la antipolítica azota Europa y "amenaza a Catalunya", por lo que es necesario "consolidar el prestigio de las instituciones".
Entre las reformas que, según el Govern, están ya en marcha, se encuentra la simplificación y mejora de la calidad de la normativa, la reducción de burocracia, las oficinas integradas de atención a la ciudadanía o garantizar la comunicación clara con los ciudadanos. Pero también el reconocimiento del "derecho al error", que se encuentra ya en trámite en el Parlament, y que debe regular el derecho de las personas a rectificar sus errores ante la Administración y el derecho al error de los empleados públicos, "con el fin de incrementar la confianza, garantizando que no sufrirán consecuencias de los errores que puedan cometer de buena fe y en determinadas circunstancias".
Oposiciones y funcionarios
El informe plantea cambiar los métodos de selección de los trabajadores públicos, que consideran excesivamente basados en competencias memorísticas, y que deberían ser más ágiles y basados en competencias; y dedica un capítulo a la consolidación del empleo público de calidad, en el que se plantea "un cambio profundo" en la manera en que las administraciones públicas catalanas gestionan a las personas y organizan el trabajo". Este ha sido uno de los puntos que ha destacado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en el acto de presentación, durante el cual ha subrayado el riesgo de colapso al que se enfrenta la administración catalana que en 10 años verá cómo se jubila el 24% de sus funcionarios.
Los expertos proponen para el nuevo modelo de selección y captación de talento, una gestión basada en "equipos de alto rendimiento", multidisciplinarios y de altas competencias, y "crear la unidad de coordinación de programas para liderar", así como "optimizar el talento interno de la organización" para conseguir una mayor eficiencia y "evitar la desmotivación" de los profesionales. "Evitar que profesionales de la organización opten por permanecer en una zona de confort de la Administración minimizando su compromiso con el servicio", alertan los expertos.
Entre las propuestas, se apuesta también por reforzar la reputación institucional y mejorar la comunicación interna para incrementar el "compromiso" de los funcionarios y mejorar "el clima laboral y, de rebote, la productividad".
Más profesional
Los expertos apuestan por lo que describen como "un nuevo modelo de dirección pública profesional" (DPP), con una distinción entre plazas directivas de libre designación o plazas directivas de carácter profesional. El objetivo es incorporar a la Generalitat un primer nivel directivo con conocimiento y competencias acreditadas, "con independencia de su ideología personal y con una clara vocación de servicio público", cuya retribución "preverá también una parte variable en función del grado de cumplimiento de los objetivos que se les hayan establecido". Esta propuesta obligará a aprobar una normativa que cree la figura de la Dirección Pública Profesional.
Dentro de este nuevo modelo, se propone crear un Instituto de la dirección pública profesional en el marco de la Escuela de Administración Pública, que propondrá el cuadro de retribuciones de estos cargos, cuyo nombramiento tendrá una duración de cinco años, renovable por un período de tres años en el caso de los directores generales o cinco años, en el caso de los subdirectores generales.
La reforma de la administración propuesta por los expertos incluye la creación de dos nuevos órganos que deben velar por la implementación de las medidas que se quieren impulsar: una comisión interdepartamental, del que formarán parte todos los directores de servicios de las diferentes consellerias, que en un plazo de cuatro meses deberá elaborar un informe sobre el grado de implementación; y un consejo asesor para la reforma de los servicios públicos que evaluará la efectividad de las medidas. Además, la comisión de expertos que ha elaborado las reformas mantendrá activo un consejo de dirección.
La comisión de expertos, integrada por 68 personas, fue creada por acuerdo de Govern en noviembre del año pasado y sus conclusiones tras casi 80 reuniones de los diferentes grupos de trabajo se pueden consultar en el informe de 700 páginas colgado en la web del ejecutivo.