El abogado de Laura Borràs, Gonzalo Boye, ya advirtió que el juicio "dará grandes sorpresas" y, de momento, ha demostrado que él ya llevaba algunas preparadas. Al día siguiente de la suspensión de Borràs como presidenta del Parlament de Catalunya, Boye ha explicado las consecuencias jurídicas que tendrá esta decisión política: "Si está suspendida de derechos y deberes, también está suspendida de aforo y, por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya no es competente", en declaraciones a Catalunya Ràdio. Interpretación que da Boye para concluir que "el TSJC ya no es competente y por lo tanto, esperamos que el caso retorne a un juzgado ordinario. El aforo también entra dentro de este paquete". Una situación que se puede producir aunque no pierda el acta de diputada, aunque sí pierde sus derechos y funciones como, por ejemplo, poder votar.

"Veremos cómo la causa marcha del TSJC"

Por todo ello, Boye pide tiempo: "Veremos cómo la causa marcha del TSJC". Una nueva estrategia de la defensa de Borràs que se suma al matiz de Boye sobre el caso: "No existe la malversación, la Fiscalía acusa a Borràs de falsedad y prevaricación, no sé por qué siguen obstinados con lo que dice el juez Carlos Ramos. No entro en definir qué ha hecho un órgano político [la Mesa del Parlament], pero hablan de un delito de malversación y hubieran hecho bien, los miembros de la Mesa, en leerse el escrito". A partir de aquí, la única valoración política que ha dado Boye: "El artículo 25.4 del Parlament, si bien puede estar bien intencionado, técnicamente está muy mal estructurado porque ataca la presunción de inocencia de Laura Borràs y de quien sea". El Reglamento del Parlament subraya que "solamente pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o, fuera del ámbito territorial de la Generalitat, por el Tribunal Supremo" y es una condición como diputados. Son aforados los miembros de los gobiernos, tanto del estatal como de los autonómicos, los diputados de los Parlamentos y del Congreso y los senadores. También tienen esta condición algunos jueces y magistrados.

El pasado 25 de julio, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de la causa de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) volvió a acusar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de "fraude de ley" y "de abuso de derecho", según una resolución dictada. El magistrado Carlos Ramos precisa que Borràs presentó un recurso contra su procesamiento que dictó el 15 de julio, pero sólo para recusarlo a él, cuando indicó que el procedimiento no lo permite. Posteriormente, dictó la apertura de juicio oral. Esta resolución es firme y se esperaba ya hace unas semanas porque la fiscalía, la única acusación en este procedimiento, presentó escrito de acusación contra ella, el 14 de julio pasado, y eso significa que pide que haya juicio contra ella.

En paralelo, donde se coge Boye, es al escrito de la fiscalía. Esta pide por Borràs 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación a cargo público por los delitos de prevaricación y falsedad documental, pero no de malversación. La fiscalía sostiene que Borràs como directora de la ILC concedió dieciocho contratos, con un coste total de más de 309.000 euros, a su amigo Isaías Herrero, para que actualizara la web de la Institución, sin ningún concurso público.