Begoña Gómez ha reclamado al juez que la investiga que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el caso hacia un jurado popular. A través de un escrito, la defensa de la esposa de Pedro Sánchez advierte al magistrado Juan Carlos Peinado que "si el procedimiento continuara pese a la pendencia de los recursos, llegaría en un momento en que este habría avanzado de forma irreversible, generando una situación procesalmente insostenible".
Antonio Camacho, abogado de la pareja del presidente del Gobierno, pide al juez instructor "acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos". De hecho, esta Audiencia frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión. Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que "se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".
Pero la defensa de Gómez insiste en frenar la causa, al menos mientras no se resuelva la cuestión del jurado popular. "Resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance —requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral— cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento", argumenta Camacho. Este abogado destaca en su escrito que "falta el resultado de al menos cuatro informes que han sido pedidos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" y la declaración de un testigo propuesta para esta semana, el empresario José María Torres, por lo que "aún no han finalizado las diligencias".
La defensa de Gómez indica, por otro lado, que "permitir que el procedimiento avance" supondría "vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva", "comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías", "generar un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior" y "producir una situación de indefensión material". Camacho cree que, "desde una perspectiva de economía procesal, resulta manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento".