Después de meses de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la investigación a Begoña Gómez y enviar a juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La procesa por cuatro delitos: malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Finalmente, el delito de intrusismo profesional ha sido excluido "porque no hay nada más que un indicio débil, no habiendo indicios plurales y sólidos". Será un juzgado popular quien dirima si es culpable. Antes, sin embargo, Peinado da un plazo de cinco días a las partes para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".
En el auto hecho público este lunes, Peinado continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, por los mismos delitos por los que procesa a la esposa del presidente del Gobierno. También continúa el procedimiento contra el empresario Juan Carlos Barrabés, a pesar de que en su caso solo por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez.
Según Peinado, hay suficientes indicios para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid en un acto que, afirma, no tiene precedentes en democracia. "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo cual obliga a intentar analizar (quizás había que remontarse al reinado de Fernando VII) este delito desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.
El Gobierno confía en que un "tribunal imparcial revoque las decisiones" de Peinado
No ha tardado nada en reaccionar a la noticia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha sido preguntado por los periodistas sobre esta cuestión en una atención antes de presentar una nueva convocatoria de becas. "Mi opinión sobre esta instrucción es conocida; ha avergonzado a muchos ciudadanos del país, así como a jueces y magistrados", ha manifestado. Según el socialista, la investigación llevada a cabo por Peinado ha hecho un "daño" en la justicia española que "en muchos aspectos será irreparable". Pero ha confiado en que "un tribunal superior o imparcial revocará sus decisiones". "Me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, que dice que no hay nada", ha sentenciado.