Ante la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el "cierre" del Congreso durante la pandemia, su presidenta responde: la actividad parlamentaria no se detuvo en ningún momento. En un comunicado de la Presidencia hecho público instantes después, la cámara expresa "respeto absoluto" por la decisión judicial, pero rebate los argumentos de los magistrados. Entre otras cosas, recuerda que el alto tribunal actuó de la misma forma.
En un adelanto de la resolución de la sentencia, el pleno del TC ha estimado el recurso de amparo de Santiago Abascal y cincuenta y un diputados más de Vox en el Congreso de los Diputados. Declara, por lo tanto, que "ha sido vulnerado su derecho fundamental de participación política" y dicta a restablecer en su derecho a los diputados y a declarar la nulidad del primero de los Acuerdos de la Mesa de Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020, que disponía: "La Mesa de Congreso de los Diputados, el día 19 de marzo de 2020, ha acordado suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentran en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión".
El comunicado consta de cuatro puntos. El primero manifiesta "el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia conocida hoy". Pero acto seguido la presidencia del Congreso defiende su actuación y la de la Mesa.
Por una parte, el comunicado recuerda que el acuerdo anulado se adoptó, junto con otras medidas como el voto telemático o el registro por correo electrónico "precisamente con el propósito de hacer posible la continuidad de la actividad parlamentaria y el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades sanitarias en una situación de pandemia".
Por otra parte, desde la Presidencia del Congreso señalan que este acuerdo tuvo lugar una semana después de haberse suspendido una sesión plenaria justamente a petición de Vox, "que había comunicado su decisión de cumplir una cuarentena por el positivo en Covid-19 de uno de sus miembros". Y que se tomó, también, "un día después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el mismo Tribunal Constitucional, tomara decisiones similares". Además, este acuerdo "tuvo una duración limitada en el tiempo", del 7 de marzo al 13 de abril. Por lo tanto, "sólo tuvo eficacia durante dieciocho días hábiles y circunscrita en el ámbito parlamentario a los plazos aplicables a la presentación de enmiendas y al cómputo de los relativos a las iniciativas de control escrito".
Finalmente, el comunicado reitera que la finalidad fue "mantener las funciones constitucionales del Congreso", que se reunió habitualmente sin la interrupción de su funcionamiento ni la suspensión de ningún otro pleno que el suspendido por petición de Vox. Es más: recuerdan que en marzo se reunió dos veces con comparecencias del presidente Pedro Sánchez, que a en abril y en mayo hubo cuatro sesiones plenarias, en junio nuevo y a julio seis. Y que las diferentes comisiones se reunieron hasta ochenta veces durante aquel plazo.
"En definitiva, la Cámara continuó tramitando todas las iniciativas parlamentarias, con especial atención a las relacionadas con la declaración y prórroga del estado de alarma, las comparecencias del Gobierno y la convalidación de Reales Decretos-leyes, así como el mantenimiento del control parlamentario, que nunca fue suspendido, respondiéndose en ese período de dieciocho días hábiles a más de mil preguntas de los diputados", concluye.