Barcelona sufre una "crisis de seguridad", en palabras de Albert Batlle, el teniente de alcalde de la cosa. Aunque se desdijo para apuntarse a las explicaciones de la alcaldesa Ada Colau ("son hechos esporádicos"), la realidad siempre se impone. Hoy todos los diarios llevan en portada algo más que incidentes anecdóticos y sueltos, más o menos gruesos. Publican los datos que dan la razón al primer Batlle, el que reconocía la "crisis de seguridad". Ara hace un resumen preciso en un titular afilado como un bisturí: en Barcelona hay más ladrones, son más violentos y, aunque los Mossos detienen como nunca, los malhechores no son castigados.
El resultado no es una impresión subjetiva provocada por el alarmismo de los medios a falta de otras noticias más relevantes. Ni quiere "confundir y alarmar a la gente sin motivo, crear una sensación de pánico", como decía el mismo Batlle hace una semana —y encima añadía que "Catalunya tiene una visión acomplejada de la seguridad". El resultado es un patrón de comportamiento, relacionado, quieras no quieras, con la tarea del gobierno municipal a la hora de abordar la seguridad ciudadana. Alguna cosa —o más de una— se ha hecho mal y habrá que ofrecer mejores explicaciones, incluída la Justicia.
Todos estos titulares simultáneos impresionan más que cien editoriales. Ada Colau, que acostumbra a salir bien parada desviando responsabilidades a otras administraciones, lo tiene ahora complicado. El Periódico decía ayer que la policía recibe un centenar de denuncias por robos violentos cada semana, en el que es el verano más violento de la década. Los medios internacionales ya se hacen eco del mal momento ("capital de los delitos", dicen) y no hay respuesta del Ayuntamiento —ni del Govern. En medio del silencio, sólo se oye la voz de un sindicato de la policía española —sin representatividad alguna— que pide "que nos dejen actuar". Si las cosas siguen así, Barcelona se arriesga a recibir la visita de Pablo Casado, que ayer pasó por Canarias para visitar la zona arrasada por los incendios forestales.
Por otra parte, llama la atención que tanto El País como El Mundo coincidan en describir como un "desafío" o "un nuevo frente" la decisión del vicepresidente Pere Aragonès de llevar el Estado a los tribunales por el impago de 1.300 millones de euros que, ley de financiación autonómica en mano, la Generalitat debería tener en caja. Las restantes comunidades autónomas también sufren este incumplimiento. ¿Qué tiene que ver el "separatismo" en todo esto, como dice El Mundo? ¿Es que un Govern en manos de partidos unionistas no se quejaría ni actuaría? ¿O es que el estado de derecho y el imperio de la ley no se aplican en este caso? Son ganas de marear la perdiz.
