Una Abogada del Estado recibió, en septiembre del 2020, un auto del juez Manuel García Castellón donde se informaba que la Fiscalía Anticorrupción había tenido conocimiento de conversaciones entre Corinna Larsen y el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo en las cuales se revelaban "potenciales contingencias tributarias" con respecto a la fortuna de Juan Carlos I, las cuales merecían "la atención de las autoridades tributarias". Con todo, según revela 'La Razón', esta abogada, de quien no se revela el nombre, prefirió ignorar la invitación del juez de investigar al emérito, hecho que propició que Juan Carlos presentara al cabo de poco dos regulaciones fiscales con el objetivo de evitar una investigación, que a causa de todo no se ha iniciado por parte de la Agencia Tributaria hasta este mes de mayo.
Según el medio citado, que ha tenido acceso a una notificación donde el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional hace constar que notificó de forma personal a una Abogada del Estado personada en la causa un auto fechado el 27 de julio del 2020 donde se advertía de la necesidad de investigar las cuentas de Juan Carlos I, la receptora prefirió no hacer nada.
Seoane, entre las sospechosas
Además, siempre según 'La Razón', una de las Abogadas del Estado que podría haber recibido esta notificación podría haber sido Rosa María Seoane, ya que había sido receptora de otros documentos relacionados con el caso Tándem por el cual fue detenido Villarejo. Cabe decir que Seoane fue la responsable de la actuación de la Abogacía del Estado en el juicio contra el independentismo catalán por la celebración del referéndum del 1-O, así como en el caso Pujol. Con todo, el mismo diario especifica que al menos dos abogadas más, sin especificar ningún nombre, serían las posibles receptoras de la notificación.
La Abogada del Estado Rosa Maria Seoane durante el juicio del procés / Efe
En todo caso, fuera quien fuese quien recibió de forma oficial el aviso que había que investigar Juan Carlos, renunció a hacerlo, hecho que posibilitó que unos meses más tarde, en diciembre del 2020, el emérito presentara una primera regularización fiscal y, en febrero una segunda, en una maniobra que intentaba evitar ser investigado.
Posible trato de favor
No es la primera vez que afloran sospechas de trato de favor desde las instituciones del Estado hacia Juan Carlos, que se habría beneficiado, en este caso, de la inmovilidad de la Abogacía del Estado. Por eso, desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), contactados por 'La Razón' han destacado la "sorpresa" generada ante la inoperancia de la Abogada del Estado no identificada.
Imagen principal: El rey Juan Carlos, en uniforme militar / Gtres