Las dos regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I, aparentemente de forma voluntaria y gracias a las cuales el emérito se podria ahorrar ulteriores investigaciones, ha disparado las sospechas de que el anterior Jefe del Estado se haya beneficiado de un trato de favor por parte de altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT), los cuales le habrían filtrado información confidencial sobre su situación fiscal previniéndole de la posibilidad de que se le abriera una investigación por el origen turbio de su fortuna.

Ahora, quien respalda esas sospechas es el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que cree plausible que directivos de la AEAT asesoraran en secreto a Juan Carlos I, a quien recomendaron regularizar su situación fiscal con declaraciones complementarias para evitar ser objeto de inspecciones y, a la vez, despejar el camino para su posible retorno a España.

Según avanza ‘Voz Populi’, fuentes del sindicato han pedido “transparencia a la dirección de la AEAT y explique si alguno de sus directivos ha facilitado algún tipo de asesoramiento o de visionado de las bases de datos a los asesores de Juan Carlos que les haya servido para confeccionar las declaraciones complementarias".

Gestha -el sindicato más representativo en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria- cuestiona que hasta el momento la AEAT no haya iniciado una investigación tributaria al emérito y sospecha que, en cambio, haya habido apoyos encubiertos a Juan Carlos I para que este se avanzara con sus regularizaciones, evitando precisamente el inicio de una investigación. El mismo sindicato considera que la AEAT tenía la obligación de abrir una investigación tributaria a Juan Carlos I.

Era “inexcusable” investigar a Juan Carlos

En declaraciones al medio citado, el secretario general de Geshta, José María Mollinedo, afirma que "la Agencia Tributaria tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios", lo cual conllevaría, al no hacerlo, un posible trato de favor hacia el padre de Felipe VI.

Además, desde el sindicato destacan que el hecho de que la AEAT no haya iniciado una inspección tributaria a Juan Carlos I pese a los indicios conocidos ha permitido que el emérito evite responsabilidades penales o tributarias presentando, aparentemente de forma voluntaria y sin requerimiento previo, dos regularizaciones fiscales sobre dinero de origen turbio.

Por todo ello, el sindicato demanda una investigación en la cúpula de la AEAT para discernir “la comisión o encubrimiento de estos hechos”, además de la necesidad de depurar responsabilidades en caso de confirmarse que no se denunciaron los tratos de favor a pesar de haber estado al corriente de las supuestas operaciones financieras opacas del rey emérito.

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