El magistrado el Tribunal Supremo Pablo Llarena podría ordenar la detención de Carles Puigdemont en el momento que este entrara en territorio español aunque haya recuperado su inmunidad parlamentaria. Así lo han confirmado fuentes jurídicas en El Confidencial, que aseguran que aunque el Tribunal General de la UE (TGUE) ha paralizado provisionalmente la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, no está tan clara su libertad de movimientos en el Estado español.

Las mismas fuentes explican que sigue vigente la tesis expresada por el magistrado Llarena, según la cual la inmunidad parlamentaria de Puigdemont como diputado del Parlamento Europeo no borra los hechos por los cuales está imputado y por los cuales cumplen condena miembros de su gobierno. Llarena, al auto del suplicatorio que presentó en el Parlamento Europeo en enero del 2020, añadía que las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en la prisión seguían vigentes a pesar de su inmunidad.

Puigdemont, Comín y Ponsatí - ACN

Los eurodiputados Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comín / ACN

La detención, una posibilidad

El 2 de junio pasado el TGUE paralizó "provisionalmente" la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres pidieron la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Eurocámara sobre el suplicatorio, argumentando que había un riesgo real de ser detenidos y encarcelados, lo cual impediría su trabajo representar ciudadanos de la UE.

La posibilidad de que sean detenidos es real y Puigdemont, Comín y Ponsatí son conscientes. De hecho, no han expresado en ningún momento su intención de volver, por ahora y  sus letrados les han recomendado no hacerlo. El escenario, pero podría cambiar en un futuro, según destacan fuentes judiciales, que apuntan en el efecto que podría tener la reforma del delito de sedición, con una reducción sustancial de las condenas.

División en el Gobierno

El retorno de Puigdemont ha sido precisamente esta semana, motivo de polémica en el Gobierno a raíz de las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando defendió, en paralelo a la concesión de los indultos, el retorno de los exiliados "para normalizar la situación". Las palabras de la líder de Unidas Podemos fue rápidamente contestada por ministros socialistas. Así José Luis Ábalos manifestó que lo que debe hacer Puigdemont es ponerse a disposición de la justicia para ser juzgado como el resto de presos políticos. En la misma línea, la ministra portavoz Maria Jesús Montero aseguró que el interés de la Moncloa es que el presidente de Junts sea extraditado a España y juzgado por el Tribunal Supremo.

 

Imagen principal, el presidente de Junts y eurodiputado Carles Puigdemont el día que se paralizó la suspensión de la inmunidad / Efe

 

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