Descontrol de gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) confirmado nuevamente. El Departament de Drets Socials i Inclusió ha hecho público el informe definitivo de la auditoría que encargó sobre el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) de años anteriores, que confirman las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas, que cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas de la Generalitat durante los años 2016 a 2022, de los cuales unos 4 millones en ayudas a jóvenes extutelados. Este gasto irregular ya está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.
En la auditoría se han revisado 60 expedientes entre los años 2023 y 2024, de la zona de Girona -donde la Oficina de Antifrau de Catalunya investiga la denuncia de un trabajador de una entidad delegada- , y se concluye que “el importe de las prestaciones económicas satisfechas indebidamente correspondientes a los expedientes de la muestra analizada ha sido de 118.367 euros para el año 2023, de 49.566 euros para el año 2024”. Drets Socials informa que hará llegar este documento a la Comisión de investigación sobre la actividad de la antigua DGAIA que se constituyó en el Parlament a mediados de octubre, e insiste que ya trabaja en medidas para revertir este descontrol.
Las irregularidades detectadas
La Generalitat externalizó el servicio del SEVAP ante el desbordamiento de casos, el 2022, pero el control de los expedientes tampoco fue efectivo. En concreto, los resultados de la auditoría confirman que "la contratación de este equipo de seguimiento intensivo (el SEVAP) no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos y apuntan a la existencia de deficiencias en la gestión de la prestación de extutelados y copago de los servicios de vivienda". El documento también apunta a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes o déficits en la interoperabilidad como carencias en la gestión de la prestación.
Se expone que la actuación llevada a cabo ha sido una auditoría de cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan las prestaciones económicas de los jóvenes extutelados así como, si se tercia, el régimen de copago por aquellos que son beneficiarios de prestaciones de vivienda; referida a los ejercicios 2023 y 2024 y en el ámbito territorial de Girona.
Se precisa que la muestra representa, aproximadamente, un 15% de los jóvenes extutelados que han trabajado y han recibido prestaciones de la DGAIA y se han repartido entre 50 de jóvenes que reciben prestaciones y 10 expedientes de jóvenes que son beneficiarios de prestaciones de vivienda. El importe de las prestaciones económicas de los expedientes analizados sumaban un importe de 236.009 el 2023 y de 106.094, el 2024. En cuanto a los importes para viviendas sumaron: 59.492,72 euros el 2023 y 52.151 euros, el 2024.
El ámbito de Girona, sin control
Por ejemplo, en una de las conclusiones, se expone que en el último cuatrimestre de 2022 la DGAIA externalizó el SEVAP de Girona, a la entidad Resilis, ahora investigada. Y se detalla que "en 29 de los 32 expedientes de la muestra revisada que se encontraban transferidos, no constan las actuaciones de seguimiento y verificación que requiere la normativa. Este hecho provocó que 16 de estos expedientes, en el momento de ser transferidos, los jóvenes incumplieran los requisitos para ser beneficiario de la prestación económica, la cual tendría que haber sido suspendida o extinguida con anterioridad".
Recomendaciones
Ante las irregularidades detectadas, los auditores hacen cinco recomendaciones: establecer un marco común que defina el alcance mínimo y la periodicidad de la revisión de las condiciones para ser beneficiario de las ayudas públicas, de la documentación a exigir y de los registros a incorporar al sistema de seguimiento, especialmente referida a la documentación acreditativa de las situaciones laborales y de residencia; Establecer procedimientos ágiles y eficaces por los cuales se contraste la información obtenida por el SEVAP con la información de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y del padrón de habitantes; Especificar en el informe propuesta la fecha de origen de las causas de suspensión, extinción o reducción de la prestación, y, si procede, efectuar propuesta que reintegro de pagos indebidos; Establecer plazos máximos más breves para resolver las solicitudes de ajustes, evitando acumulaciones de atrasos,i Llevar a cabo el cálculo del copago de acuerdo con la fecha meritada de las prestaciones y la aplicación retroactiva que sea necesaria, de forma que las cantidades se ajusten a los ingresos efectivos obtenidos en cada periodo, y de acuerdo con las reglas que establece la norma.