Se pasan la pelota. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña no ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente Artur Mas contra dirigentes del PP por ordenar espiarle, con el software Pegasus, porque sostiene que "no es competente". Además, añade que los hechos denunciados, que pasaron entre los años 2012 y 2015, estarían “prescritos” al haber pasado diez años. En la resolución, comunicada este lunes y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional comparte el razonamiento del teniente fiscal de la Audiencia Nacional Antonio Romeral, que los hechos denunciados pueden tener indicios delictivos, pero “no afectan a una alta Institución del Estado” (en este caso el Govern de Catalunya), delito de competencia de este tribunal, y cita el precedente del caso Envolta el Parlament, que sí que lo era.
Este posicionamiento es contrario al expresado por la Audiencia de Barcelona, que siguiendo el parecer del fiscal especializado en delitos informáticos, Roberto Valverde, indicó que los hechos denunciados por el president Mas “van más allá de un delito contra la intimidad" y “se podría afectar la forma de gobierno de Catalunya”. Y por ello el abogado de Mas presentó la querella en la Audiencia Nacional. La resolución, además, constata la contradicción jurídica dentro de la misma Fiscalía, que tiene una organización jerarquizada.
En la querella se relata que se quiso desprestigiar a políticos de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), “para que este partido perdiera bastante electoral en las elecciones democráticas”. Acusaciones que se atribuyen a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz; el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Antonio Giménez Raso. También a los titulares de NSO Group, propietario de Pegasus.
Recurso a la sala
Precisamente, el abogado de Mas, el penalista Jordi Pina, ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación a la sala penal de la Audiencia Nacional, aunque recuerda que desde el principio defendió que la competencia era de un juzgado de Barcelona, donde recayó inicialmente. Los argumentos jurídicos de Pina, usados ahora en la Audiencia Nacional, aseguraban que, como en el caso del president Pere Aragonès, su espionaje por parte del CNI es investigado en un juzgado de Barcelona.
En la resolución, el magistrado Piña afirma que la Audiencia Nacional "no tiene competencia objetiva porque no puede estimarse que la supuesta actuación delictiva haya afectado la forma de gobierno de una comunidad autónoma". Además, hace afirmaciones que, si no es competente, ya no le tocarían, según fuentes jurídicas. Por ejemplo, sostiene que son hechos prescritos o que son "investigados en otros juzgados" de Barcelona, y cita la querella al Grupo NSO, propietario de Pegasus, aunque está disperso en una decena de juzgados, y el resultado hasta ahora ha sido negativo por lo que se refiere a las comisiones rogatorias en Israel y Luxemburgo, sede de la sociedad.
"Informaciones periodísticas" y el "orden constitucional"
El juez Piña también afirma que la querella "se funda gran parte en informaciones periodísticas, las cuales no resultan suficientes para el inicio de una investigación penal". Una información sesgada porque en la querella también se recogen las nuevas declaraciones en el Congreso del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que confirma que el gobierno de Mariano Rajoy encargó espiar a políticos catalanes. Los audios de Villarejo en conversación con el número 2 de Interior, Cospedal, y la líder catalana Alícia Sánchez-Camacho también serían una prueba evidente. Hay que recordar que el juez Piña ha heredado el juzgado del magistrado jubilado Manuel García-Castellón, que nunca quiso investigar la operación Catalunya, a pesar de que su juzgado tenía los audios de Villarejo, investigado y juzgado en distintas piezas del caso Tándem.
En cuanto a los audios de Villarejo, el teniente fiscal Romeral tampoco hace corto para defender la unidad de España. En su escrito al juzgado, afirma: "Tenemos que reiterar la legitimidad del Estado para impedir cualquier delito contra la orden constitucional, entre ellas las acciones llevadas a cabo por el movimiento independentista mientras no se canalicen en la legalidad vigente, lo cual justifica la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía y órganos judiciales siempre, y como hemos dicho, que esta actuación se lleve a cabo dentro de la legalidad. Sobre los métodos de investigación, no se exterioriza en las conversaciones y comunicaciones entre los querellados la comisión de hechos delictivos".