El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está investigando el uso de las cloacas del Estado contra Podemos y si la policía patriótica puso la lupa sobre el partido de Pablo Iglesias, rechaza ampliar la causa al Partido Popular y descarta citarlo a declarar en calidad de investigado como que pedía Pablo Iglesias. El magistrado asevera que, “a falta de otros indicios”, no es suficiente con decir que “las actividades presuntamente delictivas pretendían comportar un correlativo beneficio para esta formación política”, esgrimiendo que en los hechos objeto de la querella participaron altos cargos institucionales del PP.

En la misma providencia, el magistrado también rechaza ampliar la investigación al periodista Eduardo Inda alegando que en el relato de los hechos no aparece que “los medios de comunicación participaran en la difusión de noticias falsas sabiendo que lo eran”. Por este motivo, Pedraz entiende que “su actividad está amparada por el secreto profesional y por el derecho de los profesionales de los medios de comunicación a recibir y difundir información”.

Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sí que admite la personación de Pablo Iglesias como acusación particular y del PSOE como acusación popular.

 

 

El juez Pedraz aceptó investigar el uso de las cloacas del Estado contra Podemos

Justamente hace dos semanas, Santiago Pedraz aceptó investigar el uso de las cloacas del Estado contra Podemos. El magistrado admitía así la querella de la formación morada contra Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, contra Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO), y contra otros altos cargos de la Policía, por las presuntas “investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial”. Sin embargo, rechazó investigar a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, y otros responsables policiales. La investigación será por los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

En su escrito, Podemos señalaba que, bajo el liderazgo de Francisco Martínez y dando cuenta periódicamente a Jorge Fernández Díaz, se hacían “investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal” sobre las personas que formaban parte de Podemos. La formación morada alegaba que el objetivo era filtrarlo posteriormente a los medios de comunicación “bajo el sello de fiabilidad de las fuentes policiales” con la voluntad de “desprestigiar” el partido ante la opinión pública y “atentar contra la indemnidad de sus diputados y cargos públicos”.