El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio, según ha comunicado el tribunal este miércoles. En la querella, se asegura que la actuación del gobierno de Netanyahu eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

En la resolución, el magistrado -que comparte el posicionamiento de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia- manifiesta que “los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal”. En esta reforma se restringió las competencias de los jueces en España en la justicia universal, y recuerda que " la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional."

Límites de investigación

El magistrado añade que "los delitos que se denuncian en la querella , lesa humanidad y crímenes de guerra o conflicto armado, han quedado apartados de la jurisdicción española, del principio de justicia universal, salvo extraordinarios o rarísimos casos".

Y concluye: “Debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo, a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo.”

 

La Fiscalía recoge pruebas

Es por estas limitaciones que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió, el septiembre pasado, unas diligencias de investigación para recoger pruebas sobre la violación de derechos de la población gazatí, por parte del ejército del Estado de Israel, para aportarlas a tribunales internacionales. Incluso, se informó que se incluirá la interceptación de una veintena de embarcaciones de la denominada Flotilla de la Libertad-donde iba la exalcaldesa Ada Colau y diputados catalanes y españoles-, por parte del ejército de Israel, el 1 de octubre pasado.

Los acusados

La querella fue presentada por el ciudadano español  Sergio Toribio Ramiro, que viajaba en la embarcación Madleen -que el 1 de junio de 2025 zarpó desde el puerto de Catania (Italia)  con bandera de Guinea-Bisáu- y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe e iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

Toribo denuncia que fue trasladado por la fuerza a territorio israelí, donde permaneció varias horas incomunicado, sin asistencia letrada ni garantías procesales, y fue posteriormente deportado sin procedimiento judicial alguno. Aunque recibió asistencia consular, esta se produjo una vez ya en territorio israelí, vulnerándose su derecho a la notificación y comunicación inmediata previsto en  la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.