Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su procesamiento por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsedad documental. Así, este tribunal ha confirmado la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que ordenó la apertura de juicio contra González Amador por fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Se trata de la pieza principal, que lo investigaba, a él y cuatro empresarios más, por un fraude a Hacienda de 350.951 euros relativos al Impuesto de Sociedades en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 a través del falseamiento de dieciséis facturas. El empresario recurrió la decisión de la jueza ante la Audiencia Provincial de Madrid, como último intento para evitar el banquillo de los acusados, defendiendo que no tenía ninguna intención de defraudar a Hacienda en las declaraciones y sus abogados argumentan que supondría una vulneración definitiva de sus derechos fundamentales.
La Fiscalía pide tres años y nueve de cárcel, mientras que su acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid (los principales rivales políticos de su compañera en la Asamblea de Madrid, aunque están lejos de poder arrebatarle la presidencia) reclaman cinco. Mientras, continúa siendo investigado en una pieza separada que analiza un presunto caso de corrupción y administración desleal por sus negocios con Quirón Prevención.
González Amador contra García Ortiz
González Amador ha sido noticia esta semana porque se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para determinar si este había filtrado el correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, en el cual admitía que había cometido dos delitos fiscales. Durante el juicio, el empresario declaró como testigo y perjudicado (ejerce la acusación particular) y aprovechó las preguntas de su abogado para cargar con dureza contra él: “Para todo el mundo, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. El fiscal general me había matado públicamente. Me había destrozado. Nadie es consciente del daño que se me ha causado”. “Estoy muerto jurídica y socialmente”, reiteró a preguntas de la defensa de Álvaro García Ortiz. “Me han arrastrado por toda España como delincuente, no me han tratado como a un ciudadano normal”, lamentó. “¿No puedo conformarme como cualquier ciudadano normal en el anonimato ni puedo luchar como un ciudadano normal?”, se preguntó. Y, al final de todo, hizo un duro alegato de conclusión que fue interrumpido por el presidente del tribunal: “A raíz de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido. Si esto va a ser siempre así, me escapo”.