“Nadie borra su inocencia”. Una de las acusaciones populares de la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por haber revelado presuntamente datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un escrito solicitando al juez Ángel Hurtado que concluya las diligencias y procese a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Se trata de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es la tercera asociación en número de afiliados y es la única que está personada en la causa. En un escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, considera que ante un “acervo probatorio desmesurado” y viendo que “no existe más prueba por practicar” que las dos declaraciones que están pendientes, hay que dictarse el auto de procedimiento abreviado. Lo que está programado es la declaración como testigo de Alberto González Amador el 23 de mayo y la de los peritos que hicieron el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el móvil de Pilar Rodríguez (fiscal en jefe de Madrid y también investigada) el 16 de mayo.
Como principal argumento, la APIF pone en relieve que el fiscal general del Estado borró sus mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo le abrió la causa. “Seguimos sin saber por qué el investigado, sabiendo que el Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información”, lamentan. “Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente”, subraya. La APIF considera que la “abrumadora prueba” que procedía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “se ha visto reforzada” por la instrucción del Supremo.
La declaración de los testigos y los informes de la UCO
¿Qué elementos de la investigación usan para sustentar su petición? La APIF apunta en diferentes direcciones para justificar la profundización de los indicios. En primer lugar, las declaraciones testificales de los fiscales Julián Salto (el fiscal de Delitos Económicos del caso de González Amador), Almudena Lastra (la fiscal superior de Madrid, que es quién avisó del riesgo de que se filtraran los correos) y Salvador Viada, aunque “también resultan relevantes” las de Mar Hedo (directora de Comunicación de la Fiscalía) y de Íñigo Corral (responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid), en tanto que “corroboran la imperiosa necesidad de Álvaro García Ortiz de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada”.
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Por otra parte, da especial valor al informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó una “participación preeminente” al fiscal general del Estado en las presuntas filtraciones, basándose en los mensajes y las llamadas que Pilar Rodríguez (fiscal jefe de Madrid y también investigada) se intercambió del 8 al 14 de marzo de 2024 con distintas personas de la Fiscalía, incluido Álvaro García Ortiz. Y un último elemento: “La Inspección Fiscal o la teniente fiscal del Supremo no han aportado ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito, lo cual sería deseable dado que los datos estaban solo a su disposición y deja realmente en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal que demuestra que no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados”, remacha.
“Qué hacía especial o digno de dación de cuenta a Alberto Gónzalez Amador, que era un ciudadano prácticamente anónimo”
Asimismo, la APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas, solicita dos nuevas y últimas diligencias. En primer lugar, pide a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a Alberto González Amador. La asociación recuerda que Almudena Lastra testificó que debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado. “Deben estar acompañados de los correos electrónicos firmados digitalmente y aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial”, argumenta la APIF. Y justifica que también servirá para saber la “motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones” y el “qué hacía especial o digno de dación de cuenta al querellante, que por aquellas fechas era un ciudadano prácticamente anónimo y cuya única relevancia ha resultado ser de quién era y es pareja”.
Por otro lado, la APIF pide que la UCO determine si en el móvil del fiscal general del estado constan los números de teléfono de Pilar Sánchez Acera (que era jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez), de Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso) y de siete periodistas. “La medida no es invasiva de los derechos fundamentales, desde el momento en que varios de ellos reconocieron que tenían el teléfono del investigado y no se está accediendo a concretas conversaciones, sino a la mera constancia de si el querellado tenía o no el contacto de dichos periodistas, especialmente de quienes parecen querer servirle una coartada”, argumenta el escrito.