El juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha archivado la denuncia de Convivència Cívica Catalana contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consellers por haber aprobado un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros para dar cobertura a reclamaciones como la del Tribunal de Cuentas. El juzgado recuerda que no puede investigar personas aforadas, como son los miembros del Govern, y por eso ha archivado la denuncia por malversación de fondos públicos.

Convivència Cívica Catalana interpuso una denuncia al principio de este mes de julio contra Aragonès y los consellers, por haber aprobado el Fondo Complementario de Riesgos. La entidad recurrió al juzgado de guardia de Barcelona porque veía "malversación y prevaricación".

Consideraban que estos gastos no pueden ser asumidos "de ninguna manera" por la Generalitat y negaban que la "garantía de indemnidad" -a la cual apelaba el ejecutivo- "no puede amparar conductas manifiestamente ilegales, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o fianzas de los funcionarios que han actuado de manera ilegal".

"Sorprende que alguien vea normal pagar con dinero público las responsabilidades por actos ilegales de alguien", indicó al presidente de Convivència Cívica, Ángel Escolano, en un comunicado.

El aval del Institut Català de Finances

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha anunciado que finalmente el Govern avalará los 5,4 millones de euros de fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a través del Institut Català de Finances (ICF). En el marco del pleno del Parlament, el conseller ha explicado que en las últimas horas los trabajadores del instituto le han trasladado su predisposición a activar esta vía.

Ayer martes, Giró descartó el aval a través del ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos. "Han pedido que para ellos no quede y que intentemos utilizar la disposición adicional tal como está previsto en el decreto ley. Y eso es lo que haremos", ha añadido. Giró también ha agradecido la "generosidad" de los trabajadores públicos.

A pocas horas que esta medianoche se acaba el plazo para pagar la fianza de 5,4 millones de euros, el conseller Giró ha anunciado un cambio de posición. El motivo del giro, según ha explicado, es que ha recibido llamadas de trabajadores del ICF pidiéndole que active el aval a través de este organismo.

Según fuentes del Departament de Economía, antes de empezar el pleno del Parlament, a primera hora de la mañana, Giró se ha reunido con el presidente de la Generalitat para explicarle que finalmente se activará el aval a través del ICF. Según ha explicado el mismo conseller en el pleno, a Aragonès le ha parecido "muy bien".

De hecho, desde de ERC se optaba por esta vía después de constatar que, de momento, no se ha encontrado ninguna entidad financiera con que avalar la fianza. Y fuentes de los republicanos en el Govern celebran que finalmente el conseller Giró lo haya podido hacer posible. Y es que si el ejecutivo catalán no encontraba una solución en las próximas horas, el Tribunal de Cuentas hubiera embargado bienes personales de los 34 ex altos cargos del Govern por la acción exterior entre el 2011 y el 2017.

 

Foto principal: Aragonès y los consellers del Govern en el pleno del Parlament / ACN