Este miércoles a la medianoche termina el plazo para que los 34 ex altos cargos de los gobiernos Mas y Puigdemont depositen la fianza de 5,4 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. La negativa a prorrogar el plazo de pago, un procedimiento habitual, hará imposible que puedan beneficiarse del fondo de riesgo que el Govern de la Generalitat creó ahora hace quince días para cubrirlos. De momento no hay ningún banco dispuesto a entrar en la operación y el titular del Departament de Economía, Jaume Giró, de quien cuelga el Institut Català de Finances que gestiona el fondo, ha decidido "no correr el riesgo innecesario" de "someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias". Con todo, ha garantizado que "el gobierno seguirá haciendo todo lo que esté en su mano".

Así lo ha comunicado el conseller que ha ideado el salvavidas para los perseguidos por el Tribunal de Cuentas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo ejecutivo. "Las primeras entidades con las que hemos contactado, tanto bancos como cooperativas de crédito, todas con negocio significativo en Catalunya, no han considerado oportuno aceptar nuestra sugerencia", ha explicado Jaume Giró.

 

Operación sin riesgos

A partir de aquí, "se abrirá el foco". Ahora bien, el conseller no ha querido concretar si serán entidades extranjeras. "Me permitirá que no dé ninguna pista sobre las entidades con las que trabajaremos", ha remarcado y ha insistido en que se trata "de una operación técnica, con la garantía de un fondo de 10 millones ya aprovado, y que no tiene riesgo financiero, que no tiene riesgo comercial ni riesgo jurídico".

A efectos prácticos, la conclusión es que los perseguidos por el Tribunal de Cuentas tendrán que buscar una vía alternativa para reunir los avales suficientes. La Caixa de Solidaridad ha recogido un millón de euros, por lo tanto queda mucho por cubrir. Ya hay formaciones que han solicitado a sus militantes una aportación extraordinaria para evitar que sean embargados. Si en un futuro el ejecutivo consigue encontrar una entidad avaladora, fuentes del gobierno catalán explican que se podría sustituir lo que hayan dipositado ya antes los encausados. Haría falta, eso sí, que el Tribunal de Cuentas lo aceptara. 

El miedo

El conseller no considera que se trate de un fracaso, porque todo sigue abierto. El decreto del fondo de riesgo está pendiente del Consell de Garanties Estatutàries, que tiene hasta el 29 de julio para resolver si se atiene a la legalidad. Desde el punto de vista de Giró, la combinación de "mucho ruido y muy poco tiempo" que ha habido sobre esta cuestión ha asustado a las entidades y "no ha ayudado a resolverlo ahora". "El miedo lo infravaloramos", ha lamentado. En este sentido, si el CGE da luz verde, confía en que alguno de los bancos que ahora se han cerrado en banda se lo replanteen.

Ha puesto en valor que por primera vez desde el 2020 se ha intentado hacer todo el posible para proteger a las personas perseguidas por el Tribunal de Cuentas. "La conselleria de Economia trabajará para encontrar una fórmula jurídica que proteja la situación de inocencia de los encausados, pero es muy difícil cuando nos encontramos con un organismo tan politizado" que, según ha dicho, actúa por "venganza".

Aunque de momento los 34 afectados en esta nueva causa del organismo fiscalizador del Estado no podrán acogerse al fondo, Giró aspira a que esta herramienta perdure más allá de esta legislatura. "Nosotros lo hemos intentado y servirá para otros casos", ha concluido.

En la imagen principal, el conseller Giró durante la rueda de prensa. / Sergi Alcàzar

 

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