El eurocomisario de Justicia, Didier Reynders, ha asegurado: "La cuestión catalana es un asunto interno en España, pero por supuesto seguimos varios procesos, como las discusiones por el Tribunal de Cuentas". Bruselas ha confirmado que está "siguiendo" la causa del Tribunal por la acción exterior del Govern para el 1-O y espera "ver cuál es la decisión final".

La cuestión ha surgido este martes en el marco del informe anual de la Comisión Europea (CE) sobre el estado de derecho en España. Sin embargo, Bruselas considera que el conflicto en Catalunya no es problema "de estado de derecho" y, por lo tanto, no lo ha incluido en su informe anual sobre España.

Fecha límite para las fianzas

El miércoles a medianoche acaba el plazo para depositar la fianza de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos de los gobiernos Mas y Puigdemont. Como la demanda para prorrogar el plazo de pago ha sido denegada, ninguno de los afectados podrá beneficiarse del fondo de riesgo que el Govern de la Generalitat creó hace quince días para cubrirlos.

Por ahora el Govern tampoco ha encontrado un banco que esté dispuesto a asumir la operación del fondo de riesgo y el conseller de Economia, Jaume Giró, ha asegurado que no quiere exponer a ningún profesional del Institut Català de Finances "a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias. A pesar de todo, el conseller ha asegurado que "el Govern seguirá haciendo todo lo que esté en su mano".

Por ahora, sin embargo, los perseguidos por el Tribunal de Cuentas tendrán que buscar alternativas para reunir los avales suficientes para hacer frente a las fianzas millonarias que recaen sobre ellos. Por su parte, la Caixa de Solidaritat ha podido recoger un millón de euros, una cifra considerable, pero que no puede abarcar todo el peso económico que reclama el Tribunal. Otras formaciones han solicitado a sus militantes aportaciones extraordinarias para impedir que los encausados por el Tribunal sean embargados.

En caso de que en un futuro el Govern consiga encontrar una entidad avaladora, se podría sustituir el dinero que hayan depositado los encausados previamente, pero haría falta que el mismo Tribunal de Cuentas aceptara esta operación.

Muerte civil

Varios de los perseguidos por el Tribunal de Cuentas han denunciado que el organismo busca la muerte civil de los ex altos cargos de la Generalitat que trabajaron en la acción exterior de los gobiernos de Mas y Puigdemont. Este último ha remarcado este lunes que el Tribunal de Cuentas está protagonizando "una operación" para buscar la muerte civil de los líderes independentistas "por tierra, mar y aire". El president en el exilio ha calificado la institución de "caverna de caja franquista".

 

Imagen principal: Edificio de la Comisión Europea en Bélgica / Pixabay