Ya no quedan certezas, si es que las había. Las reuniones en el Palau de Pedralbes han servido de bien poca cosa. El independentismo ha empezado el nuevo curso político como acabó el anterior: dividido y fracturado. En julio era la suspensión de Laura Borràs y ahora lo es el debate estratégico entre el diálogo y la confrontación. Desde 2017 está desorientado, descolocado, sin acabar de consensuar cuál es el mejor camino para intentar avanzar. Los reproches no han parado de volar entre los cuarteles generales de ERC y Junts per Catalunya. Y la celebración de la Diada sirvió para visualizar estas diferencias que ponen incluso en peligro el futuro del Govern. En este contexto llega el president Pere Aragonès al debate de política general en el Parlament de Catalunya esta semana. Y cuando acabe el pleno empezará la conmemoración del quinto aniversario del referéndum del 1-O. Será un termómetro del estado de la relación.
El debate de política general se ha tenido que condensar en dos jornadas maratonianas como consecuencia del juicio de la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en el Tribunal Supremo para no responder a las preguntas de Vox. El grueso del pleno —el primero que no estará presidido por Laura Borràs— tendrá lugar este martes, con la comparecencia del president Pere Aragonès y el debate con los grupos parlamentarios. El jefe del Govern responderá individualmente a los grupos parlamentarios y eso hará que la sesión se alargue hasta casi la madrugada. El viernes será el turno de debatir y votar las decenas de propuestas de resolución que presenten los diferentes partidos. Habrá que ver si el independentismo es capaz de consensuar un texto de mínimos en el terreno nacional.
Se ha intentado rebajar el tono, pero durante los últimos días no se ha firmado una tregua. Este mismo fin de semana ha habido las últimas muestras. El sábado, en una entrevista en la ACN, Oriol Junqueras avisaba a sus socios de que pueden asumir "todas las responsabilidades" y gobernar en solitario si hace falta. El presidente de ERC también reprochaba que el conseller Jaume Giró quiera negociar los presupuestos con el PSC. Al cabo de pocas horas, Laura Borràs criticaba en una entrevista en el diario Ara que "con este Govern no se avanza hacia la independencia". Nuevamente, la presidenta de Junts per Catalunya y presidenta suspendida del Parlament insistía en que "se tiene que cumplir el acuerdo de gobierno" y no cerraba la puerta a la salida del ejecutivo.
Propuesta para la autodeterminación
El debate de política general arrancará con el discurso del president Aragonès, que se prevé que se alargue más de una hora y media. Allí, el jefe del ejecutivo presentará una "propuesta amplia para la autodeterminación" de la que todavía no se conoce casi nada. Aragonès sólo ha adelantado que quiere ser una iniciativa que no sólo reúna a los independentistas, sino a "todos los demócratas", ampliando el foco al espacio soberanista. Los republicanos, sin embargo, no se mueven de su apuesta de legislatura: la mesa de diálogo, donde quieren arrancar la autodeterminación y la amnistía. Y querrán que el debate tenga un marcado acento social en un contexto de subida de precios desbocada. No en balde, este mismo jueves, en pleno receso en el Parlament, se conocerá el nuevo dato del IPC. Aragonès anunciará un paquete de medidas anticrisis por 300 millones de euros.
Mientras tanto, Junts per Catalunya mantiene la consulta prevista para octubre para preguntar a sus bases sobre la continuidad en el Palau de la Generalitat. Insisten en suspender la acción del ejecutivo en el eje nacional y aseguran que en el debate de política general "se tiene que poder visualizar cuál es el rumbo político que sigue el Govern". Esperan algun gesto de Aragonès. Son tres los principales reproches que hacen: la falta de coordinación en el Congreso de los Diputados, la falta de fiscalización de la mesa de diálogo (de la que siguen sin formar parte) y la falta de una "dirección estratégica", un estado mayor con el conjunto del independentismo como el que hizo posible el referéndum del 1-O. Previsiblemente no obtendrán la respuesta esperada.
Y la CUP se lo mira todo desde la barrera, desde fuera del Govern, con cierta perplejidad. Los anticapitalistas actúan de oposición y denuncian que detrás de estas "disputas" y "pugnas de poder" sólo se esconden "la falta de propuestas y valentía". Durante los últimos días incluso han amenazado con dejar caers al ejecutivo. "Si no son parte de la solución son parte del problema, y este gobierno es ahora mismo parte del problema. Si conviene, los tenemos que echar", advertía el portavoz nacional cupero Edgar Fernández ahora hace diez días en la escuela de verano del partido. Todo un aviso a navegantes.
La oposición se recrea
El Govern se pelea y la oposición aprovecha para poner el dedo en la llaga. Este domingo, durante la Fiesta de la Rosa en la Pineda de Gavà, Salvador Illa se erigió en la alternativa ante un ejecutivo "dividido, enfrentado y paralizar". El primer secretario del PSC y líder de la oposición se aferraba al quinto aniversario del 1-O para hurgar: "Invito a la sociedad catalana a reflexionar para no repetir errores. Reflexionar para avanzar, no para ir hacia atrás, y para buscar el camino del reencuentro". Un gesto más estéril ha sido el de Alejandro Fernández, líder del PP catalán, que ha adelantado una de sus propuestas de resolución: que el president Pere Aragonès se someta a una moción de confianza.
Más allá de la autodeterminación
El debate de política general irá mucho más allá del rumbo nacional del Govern. Los grupos parlamentarios podrán presentar hasta quince propuestas de resolución cada uno. ERC ya ha adelantado que quiere defender el modelo fiscal catalán, basado en la redistribución, después de que Andalucía haya anunciado la supresión del impuesto de patrimonio y haya hecho una OPA a las grandes fortunas catalanas. O los comunes, que como ha adelantado Jéssica Albiach en una entrevista a Nació Digital quieren reiterar la condena del Parlament al "apartheid" de Israel sobre la población palestina. Una nueva resolución que llega después de que la consellera Victòria Alsina haya asegurado en un viaje oficial al país hebreo que el posicionamiento de la cámara no representa el conjunto de la sociedad catalana. Un pleno que será todo un cajón de sastre.