"La decisión de la Junta Electoral sólo persigue la libertad y el derecho político más elemental". Con estas palabras se ha referido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la decisión de la Junta Electoral Central que, reunida esta tarde, ha acordado la retirada de la credencial de Pau Juvillà, diputado de la CUP y secretario de la Mesa del Parlament, condenado por desobediencia sin sentencia firme por parte del TSJC. En un tuit Aragonès ha manifestado todo el apoyo a Juvillà, y ha avisado de que siempre se mantendrán firmes contra la represión: "Por la libertad y por la democracia. A tu lado". Rápidamente, Juvillà ha contestado con el siguiente mensaje: "Gracias presidente".
La decisión de la JEC ha llegado esta tarde después de que el órgano administrativo haya rechazado las alegaciones del Parlament y ha declarado vacante su escaño, a fin y efecto que la Cámara catalana proceda a cubrirlo con el siguiente de la lista. De esta manera, el árbitro electoral da la razón al PP, Vox y Ciutadans, que fueron los que lo elevaron. La pelota está en el tejado de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, que tiene que decidir si acata la resolución o la desobedece.
Después de este embate la formación anticapitalista no ha dado la batalla por perdida, y ha anunciado en un comunicado que no reconoce la autoridad de la JEC porque la resolución que prevalece es la aprobada en la Cámara catalana en el pleno del 17 de diciembre, y en este sentido ha hecho un llamamiento a defender la soberanía en el Parlament: "Como es el Parlament quien es competente en esta cuestión y no la JEC, nos acogemos al dictamen de 17 de diciembre y defenderemos la soberanía del Parlament. Es más, la JEC no es un organismo judicial, sino un ente administrativo con funciones muy concretas centradas en el proceso electoral y en inhabilitaciones de diputados", apunta la formación.
Borràs lo pasa por alto
También rápidamente se ha expresado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha pasado por alto el requerimiento de la JEC, reaccionando también con una publicación en las redes sociales: "Siempre he dicho que protegeré los derechos de todos los diputados para garantizar los derechos y las libertades de sus electores y que hay que respetar el principio anti-represivo básico de acompañamiento de la persona afectada y su organización. Pau Juvillà, sabes que me tienes a tu lado", y ha adjuntado la carta que ha enviado la JEC al legislativo.
Batalla en el Parlament
Hace poco más de un mes, el 14 de diciembre del 2021, Juvillà fue condenado por el TSJC a seis meses de inhabilitación a cargo público por desobediencia, precisamente a la JEC, porque no retiró los lazos amarillos de la ventana del despacho que el grupo anticapitalista tenía en La Paeria de Lleida, en periodo electoral en el 2019. Juvillà defendió que ejercía su derecho a la libertad de expresión.
El 17 de diciembre se blindó el escaño de Juvillà, y a raíz de eso la JEC abrió un embate contra el Parlament, en concreto dirigido a la presidenta, Laura Borràs, a quien solicitó que lo informe sobre las decisiones, resoluciones o cualquier otra medida que haya tomado la institución. Así lo hizo el Parlament, que presentó un informe de 20 páginas con alegaciones elaborado por los letrados con el objetivo de proteger los derechos y libertades de los diputados y sus electores.
Antes de iniciarse el juicio al diputado anticapitalista, Aragonès y Borràs firmaron un manifiesto con un centenar de personas para pedir la absolución de Juvillà, donde defendían que el juicio supone un "atentado contra el derecho a la libertad de expresión", y por este motivo exigían el paro del proceso judicial y la absolución de Juvillà y el fin de la represión contra la "disidencia política".