Quien no corre, vuela. Y así lo han hecho los partidos independentistas del Parlament para blindar el escaño de Pau Juvillà hasta que la sentencia sea firme, después de que fuera condenado el martes por el TSJC a seis meses de inhabilitación a cargo público por haber mantenido unos lazos amarillos en el despacho que el grupo de la CUP tiene en La Paeria de Lleida, durante las elecciones del 2019, y que no sacó a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) alegando que se amparaba en el derecho a la libertad de expresión.

Ha estado durando el pleno de esta mañana cuando se ha aprobado el dictamen para mantener su escaño, un dictamen que se aprobó el jueves a la Comisión del Estado de los Diputados. Estaba previsto que la aprobación en pleno fuera el próximo 23 de diciembre, durante la sesión de aprobación de los presupuestos, pero los partidos independentistas no han querido perder tiempo y el dictamen se ha aprobado con 113 votos favorables del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns. 

 

Ha sido la diputada de la CUP Eulàlia Reguant la primera que ha pedido la palabra para solicitar alterar el orden del día e incluir este punto en la sesión. Seguidamente lo han hecho la portavoz de ERC, Marta Vilalta, y el diputado de Junts Josep Rius. La inclusión de un punto en el orden del día se puede hacer siempre que lo pidan más de dos grupos, ha recordado la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, por lo cual ha gritado a votación.

Ha sido así como en pocos minutos el independentismo ha gestionado esta votación, a pesar de algunas quejas en la sala. La diputada de Cs Anna Grau ha pedido la palabra para cargar contra esta operación, y ha acusado en el Parlament de ejercer una "desobediencia sistemática del marco legal", a lo cual Borràs ha contestado que se está siguiendo a rajatabla el reglamento.

Dos interpretaciones del Supremo

La condena de Juvillà se discute ahora en dos escenarios: la vía penal y la vía administrativa, con la Junta Electoral Central (JEC). La condena no es firme y por eso el reglamento de la Cámara catalana no prevé encara la retirada del escaño. La defensa del diputado ha anunciado que presentará recurso de casación al Tribunal Supremo. Aun así, tal como pasó con el presidente Quim Torra, Ciutadans y Vox ya han anunciado que pedirán a la JEC que inste de manera inmediata el Parlament porque retire el acta al diputado anticapitalista alegando la “ilegibilidad sobrevenida” que, consideran, recoge la Loreg y que el Supremo, en el caso de Torra ( STS 572/2021), avaló.

La CUP, pero, interpreta de forma diferente esta misma sentencia del Supremo, la cual señala que el Parlament no había hecho uso de sus competencias para retirar o no el escaño a Torra. Con todo, la sentencia del alto tribunal español no es bastante tajante y valida tanto la acción del Parlament como la de la JEC. El partido anticapitalista ya introdujo un registro en la Mesa del Parlament en que pide que se abra el procedimiento que corresponda a raíz de la sentencia del TSJC que afecta el diputado Juvillà, petición que la Mesa ya trasladó a la comisión del Estatuto del Diputado, y ahora aprobado en el pleno, cosa que blinda su escaño.

Sea como fuere Juvillà y la CUP defienden que los mecanismos que están destinando a esta protección tienen que servir para otros casos en que diputados se encuentren en esta situación. Es por eso que ayer los tres partidos independentistas comparecieron fe forma conjunta para mostrar una respuesta unitaria para defender las personas represaliadas. En su intervención Juvillà dijo que no será el último diputado independentista inhabilitado, y leyó un comunicado conjunto de la Mesa: “Ante la represión estaremos unidas y firmes para denunciar el abuso de poder contra los diputados y el Parlament.”

En la imagen destacada, resultado de la votación en el Parlamento / Pau Juvillà