El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han firmado un manifiesto con un centenar de personas para pedir la absolución del diputado de la CUP y miembro de la Mesa, Pau Juvillà. El lunes que viene será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar los lazos amarillos que tenía colgados en su despacho del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña de las municipales de 2019.
La fiscalía pide 8 meses de inhabilitación y 1.440 euros de multa. Entre los firmantes también hay los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, los expresidentes del Parlament Carme Forcadell y Roger Torrent, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.
El manifiesto, bajo el título 'Prou repressió. Deixeu-nos en pau', defiende que el juicio supone un "atentado contra el derecho a la libertad de expresión". Y, por este motivo, exige parar el proceso judicial, la absolución de Juvillà y el fin de la represión contra la "disidencia política".
Persecución
El texto también afirma que el estado español busca "eliminar la disidencia a quien no puede ganar por vías democráticas" y recuerda que las formaciones independentistas conforman la mayoría absoluta en el Parlament. Señala que los lazos amarillos hacen referencia a la "represión ejercida por el Gobierno y la juridicatura española" y, en este sentido, concluye que "no permitir exhibirlos forma parte de la ola represiva contra la Generalitat, el movimiento independentista y cualquier movimiento de protesta que haya defendido el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán".
El manifiesto defiende que el "gesto" de Juvillà de no retirar los lazos amarillos "no se puede considerar un símbolo partidista" sino que representa "el clamor contra la represión". Y afirma que Junta Electoral Central (JEC) sí que se podría considerar un "órgano partidista" dado que sus miembros son escogidos por los partidos mayoritarios españoles, ya sea directamente mediante el Congreso de Diputados, ya sea indirectamente a través del Consejo General del Poder Judicial.
Una denuncia de Ciudadanos
El concejal cupaire compareció en mayo del 2019 en los juzgados de Lleida después de ser citado a declarar por un supuesto delito de desobediencia. La fiscalía se querelló por la denuncia interpuesta por Ciudadanos a la Junta Electoral de Zona (JEZ) por no retirar los lazos amarillos. Un centenar de personas lo recibió en las puertas del Canyeret para darle apoyo y Juvillà entró con la intención de responder a todo lo que se le preguntara porque remarcaba que no se tenía que esconder nada" y no se echaría "atrás''.
Foto principal: El diputado de la CUP Pau Juvillà / Sergi Alcàzar