Al tripartito catalán se le llamó mediáticamente como el Dragon Khan. Años después, sin embargo, aquellos gobiernos inestables pueden quedar en una simple anécdota. Ahora hará un año que se constituyó el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República. Se puso en marcha en los primeros compases del 2020 y prácticamente no ha tenido tregua. Para empezar, una pandemia mundial que es crisis sanitaria y debacle económica. El diálogo con Catalunya ha sido de fotografía, mientras los presos políticos veían recortados los derechos previstos en el reglamento penitenciario. El rey emérito huía de España con la colaboración del PSOE mientras estallaban los casos de corrupción y los fraudes a Hacienda. A todo esto y más hay que sumar los enfrentamientos con luces y taquígrafos en el interior del Consejo de Ministros entre los de Sánchez y los de Iglesias. La montaña rusa no ha parado de dar vueltas y más vueltas, ruido de sables incluido. Y ahora arranca el 2021 cuesta arriba, con no pocas carpetas todavía abiertas y calientes. El único pequeño respiro ha sido la aprobación de los anhelados presupuestos, que dan cierta perspectiva de legislatura larga, que no tranquila. Si no se tuerce nada antes.
Cerrar bien la crisis sanitaria
A la primera ola de la Covid-19 llegó tarde y mal, es una evidencia. El ministro Salvador Illa tuvo que aprender de su cartera –donde llegó para participar en la mesa de diálogo– a marchas forzadas. A partir de aquí empezó una gestión de luces y muchas sombras, en muchos momentos centralista, en otros momentos errática y también imprevisible. Desde la falta de material para los sanitarios y la compra de tests fallidos hasta al mando único. El Gobierno ha acumulado decenas de querellas, algunas evidentemente políticas, presentadas por la derecha y la extrema derecha, pero otras de colectivos profesionales, como los sanitarios. Ahora, sin embargo, el objetivo es cerrar la crisis sanitaria con los mínimos daños posibles. El horizonte de la vacunación, que empieza hoy, es esperanzador. Pero requerirá todavía algunos meses y hacer cumplir la previsión de dosis prometidas a los españoles cada día durante las últimas semanas. El escenario más optimista del ministro Illa es finales del próximo verano.
FOTO: Llegada de las primeras dosis de Pfizer este sábado a Guadalajara (Pool Moncloa)
La libertad de los presos
Es posiblemente la carpeta más caliente que tienen encima de la mesa: la libertad de los presos políticos. Y la más incómoda de cara a la opinión pública y publicada española. Tanto que ya se ha incumplido la promesa del ministro Juan Carlos Campo: la de aprobar en Consejo de Ministros antes de que acabe el año la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal. Descartada la amnistía, la vía más probable a estas alturas es la del indulto, que no obstante está en manos del poder judicial, que tiene a los presos como rehenes y podrá jugar con los tiempos. La Fiscalía del Supremo ya ha enviado un aviso a La Moncloa: pueden controlar el gobierno, pero no el Estado. Incluso el exjuez de la Audiencia Nacional y actual ministro Fernando Grande-Marlaska se ha visto sorprendido del sesgo político. Mientras tanto, Pedro Sánchez intenta que se haga el mínimo ruido posible hasta que no llegue. Será el gran caballo de batalla de la triple derecha de Colón para intentar derrocar el gobierno de coalición.
El 14-F y la mesa de diálogo
Pero ERC espera un gesto con los presos y el Gobierno está dispuesto a hacerlo. La primera fecha en el calendario del 2021, si la pandemia no dice lo contrario, son las elecciones catalanas del 14 de febrero. Al Gobierno también le interesa reforzar el liderazgo de los republicanos, ante el sorpasso improbable del PSC. Mejor Pere Aragonès que Laura Borràs, piensan, ahora que JxCat empieza a remontar en las encuestas, incluso en la de CIS de Tezanos. Antes del 14-F no se reunirá la mesa de diálogo, que sólo ha celebrado una reunión de constitución en La Moncloa. Desde el ejecutivo central son conscientes de que será más fácil conseguir avances con los republicanos al frente de la Generalitat y con los presos en la calle.
Una monarquía hundida
Nadie esperaba un 2020 marcado por la pandemia. Tampoco por el hundimiento sin precedentes de la imagen de la monarquía española. Ha sido el año donde hemos visto a un rey emérito huir a una dictadura. También hemos visto a su hijo expulsarlo de la familia real y retirarle la paga. Pero ni así el hijo, que era el segundo beneficiario de una de las fundaciones offshore, se ha atrevido a matar al padre en su discurso de Navidad. Por si todo eso fuera poco, Felipe VI ha acabado de labrar la imagen de rey de parte, un camino iniciado el 3-O de 2017 y continuado por las cartas de unos militares que le han conocido en las tres academias. El vicepresidente Pablo Iglesias aprovecha el resquicio para remar contra la Zarzuela, mientras Pedro Sánchez se ha apresurado a construir un cortafuego. El PSOE se ha convertido en el guardaespaldas de los borbones. Por este motivo, mientras La Moncloa en público cierra filas, en privado presiona para que haya movimientos que salven la corona. Es el núcleo central del régimen del 78. Como admitió el ministro Juan Carlos Campo, si se toca esta pieza "puede derrocarse todo". El CIS sigue con la omertà en torno a la Casa Real, pero aparecen encuestas alternativas donde se impone la República.
FOTO: El rey Felipe VI esquivó como pudo los tejemanejes de su padre fugado (Casa Real)
El pulso con los jueces
El 2020 acaba como empezó: con Carlos Lesmes y los suyos al frente del órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace más de dos años. Hoy se ha convertido en el principal contrapoder del Gobierno de coalición, saliendo a la ofensiva contra algunos de sus integrantes --en especial el vicepresidente Pablo Iglesias-- y actuante como si tuviera el mandato en vigor. El PP se niega a renovar el CGPJ, y sin el PP es imposible salir del bloqueo. El PSOE y Unidas Podemos tramitan ahora a toda máquina una reforma legislativa para limitar las funciones. Seguramente llegue demasiado tarde. Durante este mandato caducado ya ha renovado los principales órganos de la judicatura, entre estas las presidencias de todas las salas del Tribunal Supremo, colonizadas por la derecha por unos cuantos años. Nada hace prever que se detengan las turbulencias.
Estabilizar una mayoría parlamentaria
Los socios de La Moncloa sólo suman 155 diputados, 21 por debajo de la mayoría absoluta en el Congreso. Después de muchas curvas, el año ha acabado como lo empezaron: con la mayoría que hizo posible primero la investidura y después los presupuestos. Para retener estos números el Gobierno tendrá que apostar, sobre todo, por un diálogo real con el independentismo. Pero Sánchez –o Iván Redondo- ha demostrado ser poco previsible. No es la primera vez ni ls segunds que intenta un acercamiento con Ciudadanos, y puede volver a pasar si cambia el contexto. Antes, sin embargo, Sánchez e Iglesias tendrán que aprender a lavar los trapos sucios en casa, y no en público como han hecho en los primeros doce meses de gobierno de coalición.
Hacer frente a la debacle económica
El golpe del coronavirus no sólo ha sido sanitarip, sino también económico y social. Las últimas previsiones de la OCDE prevén que España cerrará el año con una caída del PIB del 11,6%, mientras en 2021 sólo remontaría un 5%. No se puede desvincular estas previsiones de la afectación laboral, con unos ERTE que maquillan la magnitud de la debacle. No bastará con la lluvia de millones de los fondos europeos, y eso generará inevitablemente tensiones dentro de la coalición por cómo encarar la recuperación económica. No sólo es la pugna Calviño-Iglesias. Ya ha habido una primera muestra: el ministro José Luis Escrivá, en línea con las exigencias de Bruselas, trabaja en un recorte del 5% en las pensiones a través del cómputo de años. Desde de Unidas Podemos ya han expresado su oposición frontal. Habrá que ver si realmente hay un cambio de paradigma o no. En la memoria queda el plan E de Zapatero, al que siguieron años de austeridad.
Foto: Los dos socios de gobierno han exhibido públicamente sus diferencias y pugnas (EFE)
Hacer avanzar la agenda progresista
De momento, la única gran ley del Gobierno que ha cumplido todos los trámites es la Ley Celaá, la nueva norma educativa. Hay otras muy simbólicas que ya están encauzadas, como la ley de eutanasia, la nueva ley de memoria democrática o la ley de libertades sexuales (la del sólo sí es sí). Hay otros compromisos recogidos en el programa electoral que costarán más de hacer cumplir. Sobre todo cuando hay en medio los ministerios económicos en un contexto de crisis. Lo ha demostrado recientemente la pugna por ampliar la prohibición de desahucios, que Unidas Podemos quería alargar hasta 2022 y que finalmente expirará el próximo 9 de mayo. Lo mismo se prevé con la subida del salario mínimo interprofesional, que el programa de gobierno de coalición prevé elevar hasta los 1.600 euros una vez acabe la legislatura. De momento, sin embargo, la subida de este año está congelada hasta nueva orden. Del compromiso de limitar los precios del alquiler, arrancado por Iglesias en la negociación presupuestaria, no se ha sabido nada más. Tampoco de la gran reforma fiscal de España para atacar las grandes fortunas.
El futuro del ejecutivo
Antes todo lo podía tapar el CIS. Ahora ni siquiera eso: el barómetro de esta semana daba la intención de voto más baja para los socios de gobierno desde la investidura. En la misma línea que otras encuestas. Con una particularidad: las tres derechas superaban en porcentaje sl PSOE y Unidas Podemos. Los presupuestos del Estado dan prácticamente por asegurada la legislatura, pero no la reelección. Por eso, hace tiempo que cierne sobre La Moncloa la sombra de la remodelación de gabinete. Todavía es muy incipiente, pero pasaría por la reducción de ministerios, que hoy son 22. En las quinielas: Carmen Calvo por jubilación y Margarita Robles para dar el salto al Tribunal Constitucional.