Siete líneas de las 49 páginas que abarca el documento del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos están dedicadas a hablar específicamente de Catalunya. Bajo el título 'Coalición progresista - Un nuevo acuerdo para España', el pacto se compromete en su punto noveno a "abordar el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual." Asimismo, se incluye el traspaso de competencias pendientes previstas en el Estatut. 

A partir de las cinco de esta tarde, justo a la misma hora que Esquerra Republicana celebra la reunión clave de su ejecutiva para estudiar la última oferta del PSOE y decidir si se aviene a la abstención que necesita Pedro Sánchez para ser investido, él y Pablo Iglesias presentarán en el Congreso las bases del gobierno que aspiran a coliderar.

El apartado que se refiere a Catalunya forma parte del bloque 'Actualización del estado autonómico', que prevé "mejorar la colaboración y la coordinación institucionales entre la Administración y las comunidades autónomas y promover la participación de las CCAA en los procesos de toma de decisión estatales". En este mismo capítulo vuelve a aparecer Catalunya. Concretamente para comprometerse a "cumplir los dictámenes del TC y traspasar a la Generalitat todas las competencias pendientes en el Estatut como son las becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral". Asimismo, el documento aspira a "reducir al máximo las competencias compartidas para evitar la ambigüedad actual, que a menudo acaba siendo dirimida en los tribunales."

Todavía en el ámbito de la remodelación del modelo autonómico, se contemplan otras reformas que incumben Catalunya. El más destacado, la aprobación de un nuevo modelo de financiación "que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüetats del sistema actual". Otro de los objetivos que se fijan socialistas y podemitas es que los comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente.

La presentación pública de este plan de gobierno añade presión a ERC, que es de quien depende a la postre que este ejecutivo progresista pueda comenzar a andar. Por la mañana, Sánchez ha escenificado otro pacto para su investidura, en este caso con el PNV. Los seis diputados de los nacionalistas vascos votarán a favor. El documento hecho público por ambos partidos también hace referencia a Catalunya. Apuesta por "reconocer las identidades territoriales, acordando las modificaciones necesarias para encontrar una solución al contencioso en Catalunya". 

Más allá del ámbito territorial, la alianza de las izquierdas españolas incorpora, entre otros, el compromiso explícito de subir los impuestos a las rentas más altas o un salario mínimo de 1.200€, así como derogar la ley mordaza y la columna vertebral de la reforma laboral.