La justicia andorrana ha admitido a trámite la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el exministro de Hacienda, Cristòbal Montoro, el de Interior, Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.

Según ha informado el Diario de Andorra y confirmado fuentes del Instituto de Derechos Humanos a la ACN, se trata de la ampliación de la querella que la entidad presentó en julio de 2019 donde se acusaba al expresidente y exministros españoles de haber ordenado presiones a los responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir las cuentas bancarias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras y los Pujol con la amenaza del cierre del banco.

Según la acusación particular, las coacciones se enmarcan en la visita oficial que hicieron Rajoy y Montoro en enero de 2015 en Andorra cuando se reunieron con el jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé.

Según Derechos Humanos de Andorra, la visita tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes. El auto de la Batllia admite a trámite la querella contra el expresidente y exministros populares por todos los delitos de que se los acusa.

Según la querella inicial, en mayo y junio del 2014 tres directivos del BPA fueron amenazados, coaccionados y extorsionados por parte de los cuatro agentes policiales con el objetivo de obtener información de supuestas cuentas bancarias de políticos catalanes independentistas bajo la amenaza de que la entidad podría acabar siendo intervenida, cosa que finalmente pasó.

Y es que los querellantes afirman que hay bastantes evidencias que la intervención del FinCen, organismo dependiente del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue decisiva para la intervención y liquidación del BPA en marzo del 2015, acciones que fueron posibles a partir de información "falsa" enviada por el Gobierno sobre una hipotética práctica de lavado de capitales por parte de la entidad bancaria.

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